Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5 6 y 9 de la Ley 51-2022, según enmendada conocida como “Ley para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo local comercial, de venta y distribución autorizada a realizar negocios conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de añadir definiciones, realizar aclaraciones técnicas, disponer sobre las multas y penalidades; establecer procesos de certificaciones; establecer que la vigencia de este estatuto será el 1 de enero de 2027; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, derogar los artículos 9 y 10, y reenumerar los actuales artículos 11 y 12, como los artículos 9 y 10, respectivamente, en la Ley 247-2015, conocida como “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”, con el propósito de actualizar y simplificar sus disposiciones, concentrando en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la exclusiva encomienda de fiscalizar la aplicación de la misma; destinar los recaudos que se generen por la imposición de multas administrativas, para que el antes mencionado Departamento, lleve a cabo campañas educativas dirigidas a informar a la comunidad en general sobre la implantación de esta Ley y la importancia de reducir y minimizar el uso de las bolsas plásticas, considerando sus procedimientos de elaboración, sus altos costos económicos y sus insostenibles costos ambientales; y para que la Agencia adopte la reglamentación que estime pertinente; enmendar el Artículo 18-A de la Ley 70-1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, con el propósito de aclarar que, la responsabilidad de instalar envases para la recuperación y el reciclaje de bolsas plásticas le competerá a los establecimientos comerciales a los que no les apliquen las disposiciones de la Ley 247, antes citada, por ser estos los que utilizan bolsas plásticas en sus comercios; y enmendar la Sección 4050.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los efectos de establecer que, a partir del 1 de julio de 2026, la totalidad del producto de los recaudos del impuesto sobre ventas y uso, por concepto de la venta de bolsas de papel o bolsas reusables, según definidas en la Ley 247, supra, por parte de los establecimientos comerciales cubiertos por dicha Ley, a sus clientes, le será remitido al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para financiar el desarrollo e implantación del “Programa para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos”, establecido de conformidad con el Artículo 9 de la Ley 70, antes citada; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1060 enmienda la Ley 247-2015 para actualizar y simplificar sus disposiciones sobre bolsas plásticas y reusables. Centraliza la fiscalización de esta ley en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), destina los recaudos de multas administrativas a campañas educativas del DRNA, y clarifica que los establecimientos comerciales no cubiertos por la Ley 247 son responsables de instalar envases para reciclaje de bolsas plásticas. Además, a partir del 1 de julio de 2026, el 100% de los ingresos del IVU por la venta de bolsas de papel o reusables por comercios cubiertos por la Ley 247 se remitirá al DRNA para financiar programas de reducción y reciclaje de desperdicios sólidos.

Para crear Administración para el Aprovechamiento y Reducción de los Residuos Sólidos, establecer su organización, deberes y funciones; enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”; enmendar los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-A, 19, 20, 21 y 22-A de la Ley Núm. 70-1992, según enmendada, “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”; enmendar los artículos 4, 6, 7, 9, 21 y 24 de la Ley Núm. 416-2004, según enmendada, mejor conocida como la "Ley sobre Política Pública Ambiental”; enmendar la Ley Núm. 171 de 2 de agosto de 2018, conocida como la Ley para Implementar el “Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018” a los efectos de enmendar las secciones 1 y 5, enmendar y renumerar las secciones 86, 89, 90, 91, 92 enmendar y reenumerar las secciones 87, 88, 93. 94, 95, 96, derogar la Sección 85 de dicha Ley a los fines de que sean compatibles con los propósitos de esta Ley.

La medida propone la creación de la Administración para el Aprovechamiento y Reducción de los Residuos Sólidos, una nueva agencia con el propósito de gestionar de manera integral los residuos sólidos en Puerto Rico. Busca implementar un Plan de Generación Circular, realizar estudios de caracterización de residuos y establecer programas de desvío de materiales de los vertederos. La ley enmienda varias leyes existentes relacionadas con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la gestión de desperdicios sólidos para alinear su estructura y funciones con la nueva administración.

Para enmendar Artículo 12.21 de la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, a los fines de hacer mandatorio que todo Partido Político o Candidato a puesto electivo, cualquier agencia estatal o municipal, al momento de remover propaganda política, deberán realizar todos los esfuerzos necesarios para reciclar o reusar los componentes de la misma; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda el Artículo 12.21 del Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020) para obligar a partidos políticos, candidatos, agencias estatales y municipales a realizar todos los esfuerzos necesarios para reciclar o reusar los componentes de la propaganda política al momento de su remoción. Esta obligación se suma al plazo de 30 días para remover dicha propaganda tras un evento electoral. La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) o agencias pertinentes deberán adoptar la reglamentación necesaria para su implementación.