Para crear la “Ley para el Acceso Equitativo a Menús para Personas Bariátricas”, establecer definiciones, el derecho de acceso a menus de porciones reducidas, establecer prohibiciones y obligaciones; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 12(A) a la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente” a los fines de incorporar los derechos del paciente bariátrico; establecer el requisito de ofrecer el menú de niños o su equivalente a pacientes bariátricos en todo establecimiento de alimentos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La medida propone añadir un nuevo Artículo 12(A) a la Ley 194-2000, conocida como la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Este nuevo artículo incorporaría derechos específicos para pacientes bariátricos y establecería el requisito de que todo establecimiento de alimentos en Puerto Rico ofrezca el menú de niños o su equivalente a estos pacientes. La ley afectaría directamente a los pacientes que se someten a cirugía bariátrica y a los establecimientos de alimentos que operan en la isla.

Para crear la “Ley de Transparencia en la Oferta de Tamaños en Establecimientos de Comida Rápida de Puerto Rico”, con el fin de garantizar que los consumidores sean informados adecuadamente sobre todas las opciones de tamaños disponibles, incluyendo el tamaño pequeño, al momento de ordenar; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la "Ley de Transparencia en la Oferta de Tamaños en Establecimientos de Comida Rápida de Puerto Rico". Su objetivo es obligar a estos establecimientos a informar a los consumidores, de manera verbal o visual, sobre todas las opciones de tamaños disponibles al momento de ordenar, incluyendo el tamaño pequeño. También busca asegurar que los consumidores estén informados sobre el costo de las ofertas que se agrandan sin su consentimiento. Afecta directamente a los consumidores, quienes se beneficiarán de mayor transparencia, y a los establecimientos de comida rápida, que deberán adaptar sus prácticas de información.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el acceso a medicamentos recetados para las poblaciones médico-indigentes; proteger la dispensación de ciertos medicamentos por parte de centros de atención médica; proporcionar definiciones; identificar ciertas acciones como discriminatorias con respecto a los medicamentos descontados por un programa federal y las entidades que los dispensan; establecer sanciones; y para otros fines relacionados.

Establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico para garantizar el acceso a medicamentos recetados a poblaciones médico-indigentes. Busca proteger la dispensación de medicamentos por parte de centros de atención médica que participan en el Programa Federal 340B, identificando ciertas prácticas como discriminatorias y proponiendo sanciones. Afecta directamente a pacientes de bajos ingresos, centros de salud elegibles al Programa 340B, aseguradoras, manejadores de beneficios de farmacia (PBMs), y agencias gubernamentales como ASES y el Departamento de Salud.