Para crear la “Ley de protección de comunidades residenciales y zonas históricas ante los alojamientos suplementarios de corto plazo”, a los fines de atender un segmento del mercado de turistas con otras opciones no tradicionales; garantizar la sana convivencia y tranquilidad de las comunidades impactadas con los alojamientos de corto plazo, proteger la conservación de zonas antiguas e históricas; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Protección del Consumidor ante Membresías Automáticas No Autorizadas”, a los fines de prohibir que establecimientos que operan mediante sistema de membresía automática realicen cargos sin consentimiento expreso del consumidor; disponer requisitos de notificación y autorización previa; establecer penalidades; y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la "Ley para la Protección del Consumidor ante Membresías Automáticas No Autorizadas" para prohibir que comercios con membresías automáticas realicen cargos sin consentimiento expreso y verificable del consumidor. Establece la obligación de notificar claramente los términos y condiciones antes de cualquier cargo, y garantiza el derecho del consumidor a cancelar en cualquier momento sin penalidad. Impone reembolsos de hasta 15 días laborables para cargos indebidos y multas administrativas de $1,000 a $5,000 por infracción.

Para establecer la “Ley contra la criminalización del sinhogarismo”; enmendar el inciso (c) del Artículo 156 de la Ley 146-2012, según enmendada; ordenar a la Comisión de Derechos Civiles realizar una campaña educativa sobre los derechos establecidos en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Esta medida, titulada 'Ley contra la criminalización del sinhogarismo', busca prohibir que se penalice a personas por conductas asociadas a la falta de vivienda, como pernoctar en espacios públicos, protegerse de la intemperie, o comer en la vía pública. Anula cualquier ley, reglamento u ordenanza municipal que limite o prohíba estas acciones. Además, enmienda el Código Penal para imponer una pena de tres años de reclusión a funcionarios públicos que abusen de su autoridad al arrestar a personas sin hogar por estas mismas conductas. También ordena a la Comisión de Derechos Civiles realizar una campaña educativa sobre los derechos de esta población y protege la propiedad personal de personas sin hogar de ser destruida arbitrariamente.