PS 238

Para añadir un nuevo Artículo 26-A en la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como “Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación de Puerto…

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Para añadir un nuevo Artículo 26-A en la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como “Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación de Puerto Rico”, con el propósito de reglamentar la creación de registros municipales de alquileres a corto plazo y establecer un proceso uniforme de licencias de forma tal que se refuerce la seguridad, convivencia residencial, manejo de infraestructura y ordenación en los municipios de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

los artículos 2, 24 y 26 de la Ley 272-2003 y añade el artículo 26-A: el impuesto sobre los alquileres a corto plazo sigue siendo 7%, pero se plantea separar 6% para la Oficina de Turismo y un punto porcentual adicional para el municipio donde está la unidad; además, el registro de contribuyentes se enviaría a los municipios mensualmente, en vez de cada seis meses. Obliga a los 78 municipios a crear un registro y exigir licencias anuales; las tarifas serían $100 por cada unidad compartida y $500 por cada unidad no compartida o móvil, con renovación anual y los mismos requisitos que para la licencia inicial. No podrían obtener licencia las unidades de vivienda pública o sujetas a subsidios estatales o federales; también se exigen, entre otros requisitos, permisos aplicables, certificación de deuda del y declaraciones juradas sobre permisos de construcción y restricciones de la propiedad. Autoriza inspecciones y multas escalonadas por incumplimientos, permite solicitar una vista administrativa dentro de 30 días y ofrece un descuento de 50% en ciertas multas de primera infracción pagadas dentro de ese término. Da 180 días desde la aprobación para que los municipios preparen la implementación y otros 180 días para que los operadores cumplan, durante los cuales pueden seguir operando; la ley comenzaría a regir 90 días después de su aprobación.

Pros

•Crea una obligación de licencia y registro municipal que no existe en la Ley 272 : cada municipio podría identificar las unidades y sus operadores, y conocer datos como dirección, catastro, capacidad de huéspedes y estacionamientos. Eso da a los municipios una herramienta local para inspeccionar y atender incumplimientos, además del registro contributivo que hoy administra la Oficina de Turismo.
•Vincula una parte del impuesto generado por cada alquiler a corto plazo con el municipio donde está la unidad. El articulado prevé un punto porcentual adicional y dispone que los ingresos municipales se utilicen para el sistema de licencias, la fiscalización y labores como limpieza, seguridad y mantenimiento en zonas impactadas.
•Establece herramientas municipales específicas para hacer cumplir las nuevas licencias: autoriza a policías, inspectores y personal municipal designado a inspeccionar y expedir boletos, fija multas por infracciones y reconoce un proceso para pedir vista administrativa. La ley asigna a la Oficina de Turismo la fiscalización contributiva, pero no crea este régimen municipal de licencias y sanciones.

Contras

•El proceso no asegura una regulación realmente uniforme. El texto no expresamente las ordenanzas municipales existentes, conserva los poderes municipales y permite que los municipios adopten ; además, condominios y asociaciones de residentes pueden imponer condiciones más restrictivas. Por eso, los operadores podrían seguir enfrentando reglas distintas según el municipio y las restricciones privadas aplicables.
•La cooperación de las plataformas para compartir información depende de memorandos que los municipios pueden, pero no tienen que, firmar. Aunque las plataformas quedan dentro del alcance de la ley, el texto no les impone claramente un deber general de verificar licencias o entregar periódicamente datos si no hay un memorando. El registro municipal podría depender de lo que declare quien solicita licencia y dejar fuera anuncios o alquileres no licenciados.
•La distribución del impuesto queda jurídicamente ambigua. El título y la Exposición de Motivos describen que se destina al municipio un punto porcentual de la tasa de 7%, pero el artículo 24 dice que se retiene 6% y se añade 1%, «para un total de siete» que la Oficina de Turismo distribuiría al municipio. Además, no se el artículo 31, que establece cómo se distribuye el impuesto recaudado. El texto no aclara si al municipio va solo el punto porcentual o los 7 puntos, ni cómo se coordina ese reparto con las asignaciones .
•El régimen de multas tiene problemas de certeza y atribución de responsabilidad. Para una tercera infracción por operar sin licencia una unidad no compartida o móvil, el texto indica $5,000 y, entre paréntesis, $2,500. También hace responsable al anfitrión, operador o intermediario por ciertas multas impuestas inicialmente al arrendatario si este no paga ni solicita vista, sin exigir expresamente que quien asume la deuda haya causado o controlado la infracción.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los municipios reciben nuevas facultades para licenciar, registrar e inspeccionar alquileres a corto plazo, y el texto les asigna ingresos del impuesto generado en su jurisdicción. Los operadores obtienen una ruta legal de licencia, aunque deben pagar anualmente $100 por unidad compartida o $500 por unidad no compartida o móvil.
Preocupa a:: Anfitriones y operadores asumen licencias y renovaciones anuales, tarifas y posibles multas; las plataformas enfrentan fiscalización municipal sin que se establezca claramente un deber uniforme de entregar datos. Los municipios también deben organizar el sistema y la fiscalización dentro del periodo de transición, mientras la fórmula de distribución del impuesto es ambigua.
Quién paga o decide:: Los huéspedes pagan el impuesto sobre el alojamiento, que los hosteleros o intermediarios recaudan y remiten conforme a la Ley 272; los operadores pagan las tarifas de licencia. El texto dirige los derechos, multas y parte del impuesto a cubrir gastos municipales y labores en zonas impactadas, pero no crea una asignación inicial separada para la transición. Los municipios promulgan las reglas de implementación y los alcaldes pueden designar personal adiestrado mediante orden ejecutiva; la Oficina de Turismo recauda y distribuye el impuesto.

En qué va

La comisión senatorial rindió informe con el 24 de junio de 2025 y recomendó aprobar la medida. El Senado la aprobó con enmiendas el 13 de noviembre de 2025; el 17 de noviembre pasó su primera lectura en la Cámara y fue referida a comisión.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 17 de noviembre de 2025

Referido a Comisión(es)

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 17 (61%)En contra: 7 (25%)Abstenido: 2 (7%)Ausente: 2 (7%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Senado · Aprobada

13 de noviembre de 2025

17 A favor7 En contra2 Abstenido2 Ausente

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Resumen de la medida

Qué propone

Pros

•Crea una obligación de licencia y registro municipal que no existe en la Ley 272 : cada municipio podría identificar las unidades y sus operadores, y conocer datos como dirección, catastro, capacidad de huéspedes y estacionamientos. Eso da a los municipios una herramienta local para inspeccionar y atender incumplimientos, además del registro contributivo que hoy administra la Oficina de Turismo.
•Vincula una parte del impuesto generado por cada alquiler a corto plazo con el municipio donde está la unidad. El articulado prevé un punto porcentual adicional y dispone que los ingresos municipales se utilicen para el sistema de licencias, la fiscalización y labores como limpieza, seguridad y mantenimiento en zonas impactadas.
•Establece herramientas municipales específicas para hacer cumplir las nuevas licencias: autoriza a policías, inspectores y personal municipal designado a inspeccionar y expedir boletos, fija multas por infracciones y reconoce un proceso para pedir vista administrativa. La ley asigna a la Oficina de Turismo la fiscalización contributiva, pero no crea este régimen municipal de licencias y sanciones.

Contras

•El proceso no asegura una regulación realmente uniforme. El texto no expresamente las ordenanzas municipales existentes, conserva los poderes municipales y permite que los municipios adopten ; además, condominios y asociaciones de residentes pueden imponer condiciones más restrictivas. Por eso, los operadores podrían seguir enfrentando reglas distintas según el municipio y las restricciones privadas aplicables.
•La cooperación de las plataformas para compartir información depende de memorandos que los municipios pueden, pero no tienen que, firmar. Aunque las plataformas quedan dentro del alcance de la ley, el texto no les impone claramente un deber general de verificar licencias o entregar periódicamente datos si no hay un memorando. El registro municipal podría depender de lo que declare quien solicita licencia y dejar fuera anuncios o alquileres no licenciados.
•La distribución del impuesto queda jurídicamente ambigua. El título y la Exposición de Motivos describen que se destina al municipio un punto porcentual de la tasa de 7%, pero el artículo 24 dice que se retiene 6% y se añade 1%, «para un total de siete» que la Oficina de Turismo distribuiría al municipio. Además, no se el artículo 31, que establece cómo se distribuye el impuesto recaudado. El texto no aclara si al municipio va solo el punto porcentual o los 7 puntos, ni cómo se coordina ese reparto con las asignaciones .
•El régimen de multas tiene problemas de certeza y atribución de responsabilidad. Para una tercera infracción por operar sin licencia una unidad no compartida o móvil, el texto indica $5,000 y, entre paréntesis, $2,500. También hace responsable al anfitrión, operador o intermediario por ciertas multas impuestas inicialmente al arrendatario si este no paga ni solicita vista, sin exigir expresamente que quien asume la deuda haya causado o controlado la infracción.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los municipios reciben nuevas facultades para licenciar, registrar e inspeccionar alquileres a corto plazo, y el texto les asigna ingresos del impuesto generado en su jurisdicción. Los operadores obtienen una ruta legal de licencia, aunque deben pagar anualmente $100 por unidad compartida o $500 por unidad no compartida o móvil.
Preocupa a:: Anfitriones y operadores asumen licencias y renovaciones anuales, tarifas y posibles multas; las plataformas enfrentan fiscalización municipal sin que se establezca claramente un deber uniforme de entregar datos. Los municipios también deben organizar el sistema y la fiscalización dentro del periodo de transición, mientras la fórmula de distribución del impuesto es ambigua.
Quién paga o decide:: Los huéspedes pagan el impuesto sobre el alojamiento, que los hosteleros o intermediarios recaudan y remiten conforme a la Ley 272; los operadores pagan las tarifas de licencia. El texto dirige los derechos, multas y parte del impuesto a cubrir gastos municipales y labores en zonas impactadas, pero no crea una asignación inicial separada para la transición. Los municipios promulgan las reglas de implementación y los alcaldes pueden designar personal adiestrado mediante orden ejecutiva; la Oficina de Turismo recauda y distribuye el impuesto.

En qué va

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