Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la energía nuclear y crear la “Ley para prohibir la generación de energía nuclear en Puerto Rico”.

Pros

• •Protege a Puerto Rico de los riesgos inherentes a la generación de energía nuclear, como accidentes, escapes radioactivos y la gestión de residuos peligrosos, alineándose con la preocupación histórica de la isla sobre su vulnerabilidad sísmica y densidad poblacional.
• •Fortalece la política pública de transición hacia energías 100% renovables para 2050, promovida por la Ley 17-2019, al eliminar una alternativa de alta complejidad y riesgo que podría desviar recursos e inversiones de fuentes limpias y sostenibles.
• •Evita la posible importación de tecnologías o proyectos energéticos de alto riesgo que han sido rechazados internacionalmente o que podrían ser impuestos sin un análisis exhaustivo de las particularidades de Puerto Rico.
• •Responde a un consenso histórico en la comunidad científica y ambiental de Puerto Rico que ha abogado por las energías renovables, como la solar, como solución a los problemas energéticos de la isla.