Para enmendar el Artículo 2; derogar el Artículo 3; enmendar y reenumerar el Artículo 5; y reenumerar los Artículos 4 y 6, de la Ley 178-2001, según enmendada, a los fines de expandir la prohibición, a todos los secretarios de agencia, de participar en actividades políticas; eliminar la excepción a las prohibiciones de la Ley; y añadir penalidades a la misma; y otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Delimitar las Facultades Delegables e Indelegables del Gobernador(a) de Puerto Rico”, con el fin de establecer las funciones y facultades que, por su naturaleza constitucional o legal, podrán ser delegadas por el Gobernador(a); prohibir la delegación o concentración de facultades relacionadas con la contratación pública, los nombramientos, las acciones y movimientos de personal, la administración presupuestaria y otras facultades que la Ley haya conferido expresamente a Secretarios, Administradores, Directores Ejecutivos, Juntas de Gobierno u otros Funcionarios Públicos; establecer requisitos de transparencia, rendición de cuentas e inhibición para toda delegación autorizada; derogar la Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, según enmendada, conocida como la “Ley para Facultar al Gobernador la Delegación de Ciertas Funciones y Deberes”; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 1333 propone crear la Ley para Delimitar las Facultades Delegables e Indelegables del Gobernador(a) de Puerto Rico. Busca establecer qué funciones constitucionales o legales el Gobernador(a) puede delegar y cuáles no, prohibiendo específicamente la delegación de facultades en contratación pública, nombramientos, personal, presupuesto y otras áreas delegadas a secretarios o directores. También exige transparencia, rendición de cuentas e inhibición en las delegaciones autorizadas y deroga la Ley Núm. 104 de 1956.

Para enmendar el Artículo 2.01 del Capítulo 2 de la Ley Núm. 122-2017, conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, y el primer párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 209-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, con el propósito de incluir al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico entre las entidades exentas de las disposiciones de la referida Ley Núm. 122 y manifestar expresamente en dichas leyes tal exclusión, a fin de preservar la naturaleza del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como entidad autónoma administrativa y fiscalmente de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; y realizar correcciones técnicas.

La medida propone enmendar la Ley del Nuevo Gobierno (Ley 122-2017) y la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Ley 209-2003). Busca eximir explícitamente al Instituto de Estadísticas de las disposiciones de la Ley 122-2017, que permite al Gobernador someter Planes de Reorganización a la Legislatura. También corrige referencias técnicas en la Ley 209-2003 para reflejar esta exclusión y otras actualizaciones legislativas. Afecta directamente al Instituto de Estadísticas, asegurando su autonomía frente a posibles reorganizaciones ejecutivas y clarificando su estatus legal.

Para enmendar el Artículo 4-A, y crear un nuevo Artículo 4-B, en la Ley número 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de administración de documentos públicos de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley de administración de documentos públicos de Puerto Rico para establecer un plazo máximo de 72 horas laborables para digitalizar todos los documentos gubernamentales en formato 'searchable' y un límite de 5 años fiscales para la conservación de documentos en formato físico, salvo excepciones. Afecta a todas las agencias y poderes del Gobierno de Puerto Rico, obligándolas a inventariar y digitalizar su acervo documental.