Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 103 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a los fines de excluir de los beneficios de sentencia suspendida a todo menor de veintiún (21) años de edad que resulte convicto por los Artículos 401 y 411 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, los Artículos 6.04, 6.09, 6.11, 6.14 y los incisos (b) y (c) del Artículo 6.16 de la Ley 168-2019, según enmendada; o en la tentativa de cualquiera de los delitos excluidos.

Para establecer la "Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas", enmendar el Artículo 2, de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", a los fines de imponer la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción en la que una persona sea convicta como consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y que cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano, sujeta a las disposiciones establecidas en el Artículo 7.06 de dicha Ley.

La medida enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 1946, conocida como 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba'. Su propósito es imponer obligatoriamente la sentencia de reclusión en casos de delitos graves y delitos menos graves relacionados con la conducción bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas (Artículos 7.01, 7.02, 7.03 de la Ley 22-2000) cuando estos actos resulten en grave daño corporal o la muerte de otra persona. Esto elimina la discreción judicial para conceder sentencia suspendida o libertad a prueba en estas circunstancias específicas y graves.

Para enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de incluir nuevos requisitos relacionados con la confiscación de una fianza cuando el acusado ha evadido la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico. Su objetivo es establecer nuevos requisitos para la confiscación de fianzas cuando un acusado evade la jurisdicción de la isla. Específicamente, detalla el procedimiento cuando el fiador localiza al acusado fuera de Puerto Rico o este es encarcelado en Estados Unidos, afectando a fiadores, acusados y al Departamento de Justicia en la gestión de extradiciones y detenciones.

Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, a los fines de excluir de los beneficios de sentencia suspendida y libertad a prueba a toda persona convicta por violar una orden de protección expedida al amparo de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”, así como por los delitos establecidos en los Artículos 126, 127, 127A, 127B, 127C, 127D de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba (Ley 259 de 1946) para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 2. Esto excluye de los beneficios de sentencia suspendida y libertad a prueba a toda persona convicta por violar una orden de protección a favor de adultos mayores (Ley 121-2019) o por cometer delitos específicos contra adultos mayores o personas incapacitadas (Artículos 126-127D del Código Penal).