Para enmendar el Artículo 8 y el Artículo 15 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de establecer que cuando la acción penal resulte en una absolución, el imputado resulte exonerado o si la posibilidad que tiene el Estado para encausar al imputado de delito se extingue, se aplicará la doctrina de cosa juzgada y de impedimento colateral por sentencia en todo caso de confiscación relacionado a los mismos hechos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 8, 13 y 15, y añadir un nuevo Artículo 15A a la Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de aclarar el efecto de determinaciones penales, civiles o administrativas sobre la impugnación de confiscaciones; exigir una conexión probatoria sustancial entre el bien confiscado y la conducta delictiva; fortalecer las protecciones de propietarios inocentes y terceros con interés legítimo; disponer requisitos mínimos adicionales en la notificación de confiscación; y para otros fines relacionados.

La medida, P. del S. 1329, busca enmendar la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 para aclarar cómo las determinaciones en casos penales, civiles o administrativos afectan las impugnaciones de confiscación. Exige una conexión probatoria sustancial entre el bien confiscado y la actividad delictiva, y refuerza las protecciones para propietarios inocentes y terceros con interés legítimo. También añade requisitos mínimos para la notificación de confiscaciones.

Para añadir un nuevo Artículo 14-A a la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”; con el fin de establecer un término uniforme para que el Ministerio Público o el Tribunal disponga de los vehículos ocupados como evidencia una vez concluido el proceso judicial o investigativo; disponer la transferencia de custodia a la Fiscalía o al Tribunal cuando se incumpla dicho término; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 985, añade un Artículo 14-A a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Establece un plazo de 30 días para que las agencias de orden público notifiquen al Ministerio Público (MP) o Tribunal sobre vehículos ocupados como evidencia. Luego, otorga un término de 60 días al MP o Tribunal para determinar si el vehículo es necesario como evidencia, o si debe ser devuelto, transferido o dispuesto. Si no se toma una determinación o concluye el proceso, la custodia física y legal del vehículo recae en la Fiscalía o el Tribunal, liberando a la Policía de Puerto Rico de esa responsabilidad.

Para añadir un Artículo 6.27 y un Artículo 6.28 a la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de establecer el término prescriptivo para los delitos contenidos en dicha Ley; establecer los delitos que no prescriben; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 1259, propone añadir dos artículos (6.27 y 6.28) a la Ley 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. Establece que los delitos graves bajo esta ley prescribirán a los cinco (5) años y los delitos menos graves a un (1) año. Crucialmente, estipula que los delitos de la Ley de Armas no prescribirán si se cometen como parte, medio o instrumento para perpetrar un asesinato o tentativa de asesinato. Esto afecta directamente al Ministerio Público y a la forma en que se procesan delitos relacionados con armas de fuego en casos de violencia extrema.