Para añadir un nuevo Artículo 14-A a la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”; con el fin de establecer un término uniforme para que el Ministerio Público o el Tribunal disponga de los vehículos ocupados como evidencia una vez concluido el proceso judicial o investigativo; disponer la transferencia de custodia a la Fiscalía o al Tribunal cuando se incumpla dicho término; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

La Policía de Puerto Rico se beneficia al liberarse de la custodia y responsabilidad de vehículos ocupados como evidencia que ya no son necesarios, optimizando sus espacios y recursos operativos. El Ministerio Público y el Tribunal ganan un plazo definido para tomar decisiones, pero también asumen la custodia de estos vehículos.

Preocupa a:

Podría preocupar a las entidades que asumen la custodia (Fiscalía, Tribunal) la carga adicional de espacio y manejo sin una asignación presupuestaria clara. Los propietarios de los vehículos podrían ver un proceso más ágil para la disposición, pero la medida no aborda directamente sus derechos de recuperación o notificación.

Quién paga o decide:

El costo de nómina y operación para la custodia y disposición recae en el Ministerio Público y el Tribunal. La implementación final y la reglamentación secundaria para la disposición de los vehículos serán decididas por el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico, según lo ordenado en el Artículo 2.