“Para crear la “Ley para la Adquisición Preferente de Vehículos Confiscados”, a los fines de establecer las normas y procesos que tendrán que seguir todas las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa y los Municipios para la compra u obtención de vehículos o medios de transporte terrestre, aéreo o marítimo; y para otros fines relacionados.”

Intereses en juego

Beneficia a:

Las instrumentalidades gubernamentales, la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa y los Municipios se benefician al tener acceso a vehículos a precios reducidos y un proceso de adquisición preferente. La Junta de Confiscaciones se beneficia al tener un canal de disposición garantizado para su inventario.

Preocupa a:

Las entidades gubernamentales y municipios podrían enfrentar limitaciones en la disponibilidad de vehículos específicos o demoras administrativas si la ASG no agiliza las certificaciones. El erario público podría verse afectado si los costos de mantenimiento o adaptación de vehículos confiscados superan los ahorros esperados.

Quién paga o decide:

Los fondos públicos de las entidades gubernamentales y municipios pagarán por la adquisición de los vehículos. La Junta de Confiscaciones y la Administración de Servicios Generales (ASG) tendrán roles clave en la implementación y certificación de los procesos.