PS 358

“Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de incluir en el orden…

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“Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de incluir en el orden preferente de disposición de vehículos de motor a los municipios en cuyo último censo decenal se reporte una población menor de treinta mil (30,000) habitantes; y para otros fines relacionados.”

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

el Artículo 20 de la Ley 119-2011 para dar prioridad en la asignación de vehículos confiscados útiles para uso oficial a los municipios que tengan menos de 30,000 habitantes según el último censo decenal, junto con el Negociado de la Policía. La primera oración fija un precio mínimo de 10% de la tasación y exige reembolsar los gastos de mantenimiento, pero otra frase dice que esos municipios y la Policía no tendrán que incurrir en un gasto adicional por la adquisición, sin aclarar cómo se concilian ambas reglas. La nueva redacción deja de conceder expresamente al Departamento de Justicia la prioridad y la transferencia gratuita que le reconoce el texto ; también omite mencionar expresamente a los municipios entre quienes pueden recibir vehículos sobrantes al 50%, lo que deja dudas sobre esa vía para municipios de 30,000 habitantes o más. La OPAL señaló que, según el censo de 2020, 38 municipios estaban bajo el umbral y entendió que se mantiene el pago mínimo de 10%.

Pros

•Los municipios bajo 30,000 habitantes podrían competir con prioridad por vehículos útiles para uso oficial de agencias de orden público, en vez de acceder solo a vehículos que esas agencias no necesitan y que pueden transferirse a municipios al 50% de la tasación. La propuesta fija para la nueva vía un mínimo de 10%; la Asociación de Alcaldes favoreció el cambio porque facilitaría a municipios pequeños adquirir vehículos para prestar servicios.

Contras

•El texto combina un precio mínimo de 10% con la frase de que los municipios elegibles y la Policía no tendrán que incurrir en un gasto adicional por adquirir los vehículos. No precisa si deben pagar el 10% o si quedan exentos; la OPAL estimó que no habría impacto fiscal bajo la interpretación de que ese pago se mantiene, pero la medida no resuelve la contradicción.
•El umbral limita la prioridad a municipios con menos de 30,000 habitantes y deja fuera de esa ventaja a los demás. La Federación de Alcaldes pidió ampliar el límite a menos de 60,000 habitantes y propuso un pago de 15% de la tasación; esa recomendación no aparece en el texto aprobado por el Senado.
•La medida deja de garantizar expresamente al Departamento de Justicia la prioridad y la transferencia gratuita de vehículos que le reconoce el Artículo 20 . Si Justicia continúa cualificando como agencia de orden público, la nueva regla podría exigirle el pago mínimo de 10% y coloca a los municipios elegibles en la categoría prioritaria, reduciendo la ventaja que hoy tiene Justicia.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los municipios con menos de 30,000 habitantes según el último censo decenal, que obtendrían prioridad para solicitar vehículos confiscados útiles para uso oficial. La Policía también aparece entre las entidades con prioridad.
Preocupa a:: El Departamento de Justicia, que pierde su prioridad y transferencia gratuita expresas; las agencias de orden público que quedan detrás de la Policía y los municipios elegibles; y los municipios de 30,000 habitantes o más, que no reciben la nueva prioridad y cuya elegibilidad para vehículos sobrantes al 50% no queda clara en la nueva redacción.
Quién paga o decide:: La Junta de Confiscaciones determina el método y el orden de disposición y establece la tasación; las agencias receptoras deben reembolsar los gastos de mantenimiento. El texto establece un precio mínimo de 10%, pero no aclara si ese pago aplica a los municipios elegibles y a la Policía pese a la frase sobre no incurrir en gasto adicional. La OPAL estimó que no habría impacto fiscal bajo la interpretación de que el 10% se mantiene.

En qué va

La Comisión de Asuntos Municipales del Senado rindió informe recomendando aprobar la medida el 12 de junio de 2025. El Senado la aprobó el 25 de junio de 2025 y la Cámara la recibió y refirió a comisión el 29 de junio de 2025.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Última acción · 29 de junio de 2025

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•Los municipios bajo 30,000 habitantes podrían competir con prioridad por vehículos útiles para uso oficial de agencias de orden público, en vez de acceder solo a vehículos que esas agencias no necesitan y que pueden transferirse a municipios al 50% de la tasación. La propuesta fija para la nueva vía un mínimo de 10%; la Asociación de Alcaldes favoreció el cambio porque facilitaría a municipios pequeños adquirir vehículos para prestar servicios.

Contras

•El texto combina un precio mínimo de 10% con la frase de que los municipios elegibles y la Policía no tendrán que incurrir en un gasto adicional por adquirir los vehículos. No precisa si deben pagar el 10% o si quedan exentos; la OPAL estimó que no habría impacto fiscal bajo la interpretación de que ese pago se mantiene, pero la medida no resuelve la contradicción.
•El umbral limita la prioridad a municipios con menos de 30,000 habitantes y deja fuera de esa ventaja a los demás. La Federación de Alcaldes pidió ampliar el límite a menos de 60,000 habitantes y propuso un pago de 15% de la tasación; esa recomendación no aparece en el texto aprobado por el Senado.
•La medida deja de garantizar expresamente al Departamento de Justicia la prioridad y la transferencia gratuita de vehículos que le reconoce el Artículo 20 . Si Justicia continúa cualificando como agencia de orden público, la nueva regla podría exigirle el pago mínimo de 10% y coloca a los municipios elegibles en la categoría prioritaria, reduciendo la ventaja que hoy tiene Justicia.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los municipios con menos de 30,000 habitantes según el último censo decenal, que obtendrían prioridad para solicitar vehículos confiscados útiles para uso oficial. La Policía también aparece entre las entidades con prioridad.
Preocupa a:: El Departamento de Justicia, que pierde su prioridad y transferencia gratuita expresas; las agencias de orden público que quedan detrás de la Policía y los municipios elegibles; y los municipios de 30,000 habitantes o más, que no reciben la nueva prioridad y cuya elegibilidad para vehículos sobrantes al 50% no queda clara en la nueva redacción.
Quién paga o decide:: La Junta de Confiscaciones determina el método y el orden de disposición y establece la tasación; las agencias receptoras deben reembolsar los gastos de mantenimiento. El texto establece un precio mínimo de 10%, pero no aclara si ese pago aplica a los municipios elegibles y a la Policía pese a la frase sobre no incurrir en gasto adicional. La OPAL estimó que no habría impacto fiscal bajo la interpretación de que el 10% se mantiene.

En qué va

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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