Para enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de incluir nuevos requisitos relacionados con la confiscación de una fianza cuando el acusado ha evadido la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para establecer la "Ley de Fianza Segura" a los fines de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la uniformidad requerida para la imposición de fianzas en casos de delitos graves, salvaguardando los derechos constitucionales sobre la presunción de inocencia, la prohibición de fianzas excesivas y el debido proceso de ley; enmendar las Reglas 6.1, 218 y 228 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para atemperar su lenguaje a las disposiciones de la presente; para facultad de la Oficina de Administración de Tribunales para establecer los programas de educación y para poder reglamentar de conformidad con lo dispuesto en esta legislación especial; para otros fines relacionados.

La medida, titulada 'Ley de Fianza Segura', busca establecer una política pública de uniformidad en la imposición de fianzas para delitos graves en Puerto Rico. Propone enmendar las Reglas 6.1, 218 y 228 de Procedimiento Criminal para establecer guías uniformes y mínimos de fianza en crímenes violentos, salvaguardando derechos constitucionales. Faculta a la Oficina de Administración de Tribunales para establecer programas educativos y reglamentar aspectos de la ley, permitiendo excepciones mediante fundamentación judicial escrita y el uso de herramientas de evaluación de riesgo.

Para enmendar la Regla 40.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, con el propósito de establecer que toda citación expedida a los fines de requerir la producción de documentos, información almacenada electrónicamente u objetos tangibles, o la inspección de predios, deberá ser notificada a las demás partes en el pleito, previo a ser diligenciada; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 887, enmienda la Regla 40.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009. Establece que toda citación expedida por un abogado o abogada para requerir la producción de documentos, información almacenada electrónicamente, objetos tangibles, o para la inspección de predios, deberá ser notificada a todas las demás partes en el pleito antes de ser diligenciada. El abogado o abogada que expida la citación es responsable de esta notificación. La medida afecta a los litigantes y sus abogados, añadiendo un paso procesal para garantizar la notificación previa de ciertas solicitudes de descubrimiento a terceros.

Para enmendar los Artículos 1, 4 y 7 de la Ley 266-2004, según enmendada, a los fines de aclarar los días de la semana y el horario en que se pueden realizar excarcelaciones a las personas convictas por delitos de abuso sexual y abuso contra menores, establecer que el plazo de notificación será dentro de las veinticuatro (24) horas laborables de la excarcelación, ordenar agilizar los procesos a través del Sistema de Información de Justicia Criminal, realizar enmiendas técnicas al estatuto; establecer obligaciones adicionales para el Departamento de Justicia; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 266-2004 para aclarar que las excarcelaciones de personas convictas por delitos de abuso sexual y contra menores solo podrán realizarse de lunes a jueves entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m. También establece que las notificaciones relacionadas con estas excarcelaciones y cambios de información del convicto deberán realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas laborables, agilizando los procesos a través del Sistema de Información de Justicia Criminal y asignando nuevas obligaciones al Departamento de Justicia para asegurar la comunicación en tiempo real entre agencias.