Para enmendar las reglas 240 y 241 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, a los fines de disponer que si el tribunal determinare, en los procesos de evaluación de procesabilidad, que el acusado está mentalmente incapacitado, ordenará su reclusión en una institución psiquiátrica médico-hospitalaria adecuada; asimismo en los casos en que el imputado fuere absuelto o hubiere una determinación de no causa en vista preliminar por razón de incapacidad mental o funcional, o determinación de no procesabilidad permanente, o se declare su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar internarlo en una institución de servicios psiquiátricos adecuada para su tratamiento; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar la Regla 241 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el propósito de atemperar sus disposiciones a la jurisprudencia constitucional vigente y establecer que ante una determinación de no procesabilidad permanente la persona deberá dejarse en libertad u ordenarse la internación civil al amparo de la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, Ley 408-2000, según enmendada”; y para decretar otras disposiciones complementarias.”

La medida PS 669 enmienda la Regla 241 de las Reglas de Procedimiento Criminal para clarificar que una determinación de no procesabilidad permanente de un acusado no puede ser base para imponer una medida de seguridad o internación en una institución, salvo que se inicien procedimientos civiles de internación bajo la Ley de Salud Mental. Si no se determina riesgo o beneficio de tratamiento, la persona debe ser liberada. Afecta a personas acusadas de delitos que, por incapacidad mental, no pueden ser procesadas judicialmente.

“Para enmendar el inciso (b) de la Regla 240 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el propósito de establecer que ninguna persona a la espera de una determinación de procesabilidad, o declarada ya no procesable conforme a la regla referida podrá permanecer sumariada en una institución carcelaria, en espera de recibir el tratamiento adecuado, por un término mayor de seis (6) meses; y para decretar otras disposiciones complementarias.”

La medida enmienda el inciso (b) de la Regla 240 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963. Establece un límite de seis (6) meses para que una persona permanezca sumariada en una institución carcelaria, esperando una determinación de procesabilidad o un traslado a una institución adecuada para tratamiento médico. Afecta directamente a personas acusadas de delitos que son declaradas no procesables o que enfrentan dificultades para comprender el proceso judicial debido a condiciones mentales o funcionales.

Para enmendar añadir una nueva Regla 6.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de requerir una evaluación psicológica en los casos en que se encuentre causa probable de un delito al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone añadir una nueva Regla 6.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal. Su objetivo es requerir una evaluación psicológica obligatoria para toda persona a la que se le determine causa probable por un delito bajo la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54). El propósito declarado es asistir a los tribunales en la imposición de condiciones de libertad bajo fianza, supervisión y protección para garantizar la seguridad pública y de las víctimas.

Para enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de incluir nuevos requisitos relacionados con la confiscación de una fianza cuando el acusado ha evadido la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para establecer un procedimiento específico cuando un acusado bajo fianza evada la jurisdicción de Puerto Rico. Introduce requisitos para que los fiadores informen al tribunal si localizan al acusado fuera de Puerto Rico, permitiendo al Departamento de Justicia (División de Extradiciones) gestionar su detención y retorno, y modificando el plazo para la firmeza de la confiscación de la fianza bajo estas circunstancias.

Ley para la Evaluación de Portación de Armas en Casos de Internación Psiquiátrica.

Esta ley crea la "Ley para la Evaluación de Portación de Armas en Casos de Internación Psiquiátrica Involuntaria". Establece un nuevo procedimiento para evaluar la idoneidad de personas con licencia de armas que sean hospitalizadas involuntariamente en instituciones psiquiátricas. El proceso incluye notificación a la Policía de Puerto Rico, una evaluación pericial de salud mental y la posibilidad de una suspensión administrativa provisional de la licencia por hasta 90 días, con derecho a apelación.