PC 830

Ley para la Evaluación de Portación de Armas en Casos de Internación Psiquiátrica.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La medida crea la "Ley para la Evaluación de Portación de Armas en Casos de Internación Psiquiátrica Involuntaria". Establece un proceso para que la Policía de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Salud y ASSMCA, evalúe la idoneidad de personas con licencia de armas que hayan sido hospitalizadas involuntariamente. Permite una suspensión administrativa provisional de hasta 90 días mientras se realiza la evaluación pericial, y determina si la licencia se restituye, suspende temporalmente o cancela permanentemente. Afecta a titulares de licencias de armas que enfrenten internaciones psiquiátricas involuntarias por orden judicial o certificación médica doble.

Pros

•Establece un mecanismo para evaluar la idoneidad de portar armas de fuego en personas que han sido hospitalizadas involuntariamente por razones de salud mental, buscando salvaguardar la seguridad pública y prevenir riesgos. La evaluación se basa en criterios clínicos y profesionales, no en prejuicios.
•La medida garantiza el debido proceso de ley al permitir que las personas afectadas por una determinación administrativa puedan apelar ante el Tribunal de Primera Instancia dentro de un término de treinta (30) días.
•Se asegura la confidencialidad de la información médica y se prohíbe la identificación pública de los individuos como pacientes de salud mental, protegiendo sus derechos bajo las leyes estatales y federales aplicables.
•La ley se interpreta en armonía con la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019), creando un sistema integrado de evaluación y manejo de riesgos sobrevenidos, sin alterar facultades de la Policía de Puerto Rico ni duplicar mecanismos existentes.

Contras

•La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) expresó preocupación porque la redacción original obligaba a hospitales a notificar al Departamento de Seguridad Pública sobre internaciones involuntarias, lo cual podría violar el derecho a no ser identificado como paciente de salud mental, un derecho autónomo y robusto protegido por la Ley 408-2000. Aunque la versión final canaliza la notificación a través del tribunal, la preocupación sobre la identificación y confidencialidad persiste si los protocolos no son rigurosos.
•La Corporación para la Defensa del Portador de Licencia de Armas (CODEPOLA) cuestionó la medida al considerar que incide sobre un "balance de intereses apremiante" entre seguridad pública y derechos individuales, argumentando que los derechos constitucionales no deben ser ponderados discrecionalmente. Señalaron que la medida podría ser redundante frente a leyes existentes y generar costos administrativos elevados.
•La medida se enfoca en hospitalizaciones involuntarias ordenadas por tribunal o certificación médica doble, pero la Exposición de Motivos menciona que situaciones de riesgo suicida o peligro para terceros no siempre culminan en internación involuntaria, lo que podría dejar fuera a personas en crisis agudas que también representan un riesgo sustancial. No se adoptan mecanismos como las Órdenes de Protección por Riesgo Extremo (ERPO) que existen en otras jurisdicciones para estos casos.
•La implementación requiere por parte de la Policía, Departamento de Salud y ASSMCA en un término de ciento veinte (120) días. La efectividad y la claridad de estos reglamentos, así como la capacitación del personal, son cruciales para evitar vacíos o interpretaciones erróneas que afecten los derechos de los ciudadanos o la seguridad pública.

Intereses en juego

Beneficia a:: Ciudadanos que portan armas de fuego y que puedan atravesar crisis de salud mental, al establecer un proceso de revisión que busca proteger tanto su derecho a la defensa como la seguridad pública. También beneficia a la sociedad en general al intentar reducir el riesgo de violencia armada relacionada con crisis de salud mental.
Preocupa a:: Individuos que enfrentan internaciones psiquiátricas involuntarias, quienes podrían ver suspendida provisionalmente su licencia de armas y enfrentar un proceso de evaluación que, si bien garantiza apelación, puede generar estrés y afectar su derecho a portar armas temporalmente. También preocupa a organizaciones que defienden derechos de portadores de armas y de pacientes de salud mental.
Quién paga o decide:: La Policía de Puerto Rico, el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) son los organismos encargados de la implementación y . La Policía de Puerto Rico es quien ordena la suspensión provisional y toma las determinaciones finales, con posibilidad de apelación judicial. El texto indica que los costos serán manejables y cubiertos con recursos existentes, sin requerir asignaciones presupuestarias extraordinarias.

En qué va

La medida, Proyecto de la Cámara 830, fue el 28 de agosto de 2025. Tras ser referida a comisión y recibir informes, fue el 20 de abril de 2026. Posteriormente, fue enviada al Senado y referida a comisión el 23 de abril de 2026.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 23 de abril de 2026

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Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 50 (94%)Ausente: 3 (6%)

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Votación

Cámara · Aprobada

20 de abril de 2026

50 A favor3 Ausente

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Resumen de la medida

Qué propone

Pros

•Establece un mecanismo para evaluar la idoneidad de portar armas de fuego en personas que han sido hospitalizadas involuntariamente por razones de salud mental, buscando salvaguardar la seguridad pública y prevenir riesgos. La evaluación se basa en criterios clínicos y profesionales, no en prejuicios.
•La medida garantiza el debido proceso de ley al permitir que las personas afectadas por una determinación administrativa puedan apelar ante el Tribunal de Primera Instancia dentro de un término de treinta (30) días.
•Se asegura la confidencialidad de la información médica y se prohíbe la identificación pública de los individuos como pacientes de salud mental, protegiendo sus derechos bajo las leyes estatales y federales aplicables.
•La ley se interpreta en armonía con la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019), creando un sistema integrado de evaluación y manejo de riesgos sobrevenidos, sin alterar facultades de la Policía de Puerto Rico ni duplicar mecanismos existentes.

Contras

•La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) expresó preocupación porque la redacción original obligaba a hospitales a notificar al Departamento de Seguridad Pública sobre internaciones involuntarias, lo cual podría violar el derecho a no ser identificado como paciente de salud mental, un derecho autónomo y robusto protegido por la Ley 408-2000. Aunque la versión final canaliza la notificación a través del tribunal, la preocupación sobre la identificación y confidencialidad persiste si los protocolos no son rigurosos.
•La Corporación para la Defensa del Portador de Licencia de Armas (CODEPOLA) cuestionó la medida al considerar que incide sobre un "balance de intereses apremiante" entre seguridad pública y derechos individuales, argumentando que los derechos constitucionales no deben ser ponderados discrecionalmente. Señalaron que la medida podría ser redundante frente a leyes existentes y generar costos administrativos elevados.
•La medida se enfoca en hospitalizaciones involuntarias ordenadas por tribunal o certificación médica doble, pero la Exposición de Motivos menciona que situaciones de riesgo suicida o peligro para terceros no siempre culminan en internación involuntaria, lo que podría dejar fuera a personas en crisis agudas que también representan un riesgo sustancial. No se adoptan mecanismos como las Órdenes de Protección por Riesgo Extremo (ERPO) que existen en otras jurisdicciones para estos casos.
•La implementación requiere por parte de la Policía, Departamento de Salud y ASSMCA en un término de ciento veinte (120) días. La efectividad y la claridad de estos reglamentos, así como la capacitación del personal, son cruciales para evitar vacíos o interpretaciones erróneas que afecten los derechos de los ciudadanos o la seguridad pública.

Intereses en juego

Beneficia a:: Ciudadanos que portan armas de fuego y que puedan atravesar crisis de salud mental, al establecer un proceso de revisión que busca proteger tanto su derecho a la defensa como la seguridad pública. También beneficia a la sociedad en general al intentar reducir el riesgo de violencia armada relacionada con crisis de salud mental.
Preocupa a:: Individuos que enfrentan internaciones psiquiátricas involuntarias, quienes podrían ver suspendida provisionalmente su licencia de armas y enfrentar un proceso de evaluación que, si bien garantiza apelación, puede generar estrés y afectar su derecho a portar armas temporalmente. También preocupa a organizaciones que defienden derechos de portadores de armas y de pacientes de salud mental.
Quién paga o decide:: La Policía de Puerto Rico, el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) son los organismos encargados de la implementación y . La Policía de Puerto Rico es quien ordena la suspensión provisional y toma las determinaciones finales, con posibilidad de apelación judicial. El texto indica que los costos serán manejables y cubiertos con recursos existentes, sin requerir asignaciones presupuestarias extraordinarias.

En qué va

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