Para enmendar el Artículo 2.02 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de prohibir expresamente que las personas que solicitan licencias de armas tengan licencia de Cannabis Medicinal, requerir la presentación del resultado de una prueba de dopaje, establecer los procesos a seguir en caso de resultados positivos, requerir al Departamento de Salud que brinde acceso al Negociado de la Policía de Puerto Rico para que corroboren si un solicitante de licencia de armas mantiene una licencia de Cannabis Medicinal; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

El Negociado de la Policía de Puerto Rico, al obtener acceso directo a información de licencias de cannabis y al tener una nueva herramienta para evaluar la elegibilidad de solicitantes de armas. También beneficia a aquellos que abogan por regulaciones más estrictas sobre la posesión de armas y el uso de sustancias.

Preocupa a:

Ciudadanos que poseen licencias de cannabis medicinal y que también desean obtener o mantener una licencia de armas, quienes se verán directamente afectados por la prohibición. También preocupa a pacientes que dependen del cannabis medicinal y que podrían enfrentar barreras adicionales para su defensa personal.

Quién paga o decide:

Los costos de implementación (pruebas de dopaje, acceso a bases de datos, personal para verificación) recaerán en el Departamento de Salud y el Negociado de la Policía, cuyos presupuestos serán impactados. La decisión final sobre la implementación recae en estas agencias y en la propia Cámara de Representantes y el Senado en su proceso legislativo.