“Para enmendar la Regla 241 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el propósito de atemperar sus disposiciones a la jurisprudencia constitucional vigente y establecer que ante una determinación de no procesabilidad permanente la persona deberá dejarse en libertad u ordenarse la internación civil al amparo de la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, Ley 408-2000, según enmendada”; y para decretar otras disposiciones complementarias.”

Intereses en juego

Beneficia a:

Las personas declaradas no procesables permanentemente, quienes ya no serían sometidas a medidas de seguridad equivalentes a una sentencia sin juicio. También beneficia al sistema judicial al alinearlo con el marco constitucional y a la ciudadanía al fortalecer la protección de derechos fundamentales.

Preocupa a:

Podría generar preocupación en aquellos sectores que, hasta ahora, han utilizado la figura de 'medidas de seguridad' en casos de no procesabilidad permanente para mantener a individuos bajo custodia sin un proceso de juicio, lo cual podría interpretarse como una pérdida de control sobre la gestión de ciertos casos.

Quién paga o decide:

El costo de operación para la posible internación civil recaería en el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), bajo la supervisión y decisión de los tribunales. La implementación final y la interpretación de la medida recaen en los jueces y los funcionarios de estas agencias.