Para establecer la "Ley de Fianza Segura" a los fines de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la uniformidad requerida para la imposición de fianzas en casos de delitos graves, salvaguardando los derechos constitucionales sobre la presunción de inocencia, la prohibición de fianzas excesivas y el debido proceso de ley; enmendar las Reglas 6.1, 218 y 228 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para atemperar su lenguaje a las disposiciones de la presente; para facultad de la Oficina de Administración de Tribunales para establecer los programas de educación y para poder reglamentar de conformidad con lo dispuesto en esta legislación especial; para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 99-2009, según enmendada, conocida como "Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica"; la Regla 6.1 (b) y la Regla 218 (a) de las Reglas de Procedimiento Criminal; y el Artículo 25 (g) del Plan 2-2011, según enmendado, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011"; a los fines de asegurar la imposición de vigilancia electrónica para la protección de la víctima; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 99-2009 y las Reglas de Procedimiento Criminal para hacer obligatoria la imposición de vigilancia electrónica como condición de fianza para imputados de cualquier delito relacionado con violencia doméstica, o delitos graves/menos graves donde exista una relación de pareja, además de una lista ampliada de delitos graves específicos. También modifica el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación para autorizar el cobro de cargos administrativos mensuales a los imputados sujetos a supervisión electrónica, destinados a cubrir costos de renta, monitoreo y adquisición de tecnología.

Para establecer la "Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos", a fin de proveer protección y asistencia a víctimas y testigos de delitos, así coma a su núcleo familiar, cuando sea necesario para asegurar su participación en las procedimientos investigativos y judiciales que se lleven a cabo para enjuiciar un delito; autorizar al Secretario de Justicia de Puerto Rico a tomar las medidas y acciones necesarias para proveer la protección y asistencia a las víctimas y familiares; establecer el "Programa del Albergue de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos" coma dos (2) secciones: el Centro de Protección a Testigos Cooperadores y el Hagar de Victimas de Delito, ambos adscritos a la Oficina del Jefe de las Fiscales del Departamento de Justicia; autorizar al Secretario de Justicia de Puerto Rico a coordinar esfuerzos y recabar las fondos federales destinados a las propósitos consignados en la ley con el Departamento de Justicia de las Estados Unidos y con las agendas federales pertinentes; derogar la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida coma "Ley para la Protección de Víctimas y Testigos"; y ordenar al Secretario de Justicia que apruebe reglamentación para implementar la ley.

La medida establece la 'Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos' para ofrecer protección y asistencia a víctimas, testigos de delitos y sus familiares, facilitando su participación en procesos investigativos y judiciales. Autoriza al Secretario de Justicia a tomar medidas necesarias, coordinar fondos federales y establece el 'Programa del Albergue de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos', que incluye un Centro de Protección a Testigos Cooperadores y un Hogar de Víctimas de Delito, adscritos a la Oficina del Jefe de los Fiscales. Deroga la Ley Núm. 77 de 1986 y ordena al Secretario de Justicia a aprobar reglamentación.

Para enmendar el inciso (e) del Artículo 6.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, según enmendado a su vez por la Ley 82-2026, a los fines de aclarar que la imposición del monto de la fianza para la paralización de obras en suelo rústico será discrecional del Tribunal de Primera Instancia hasta un máximo del diez (10) por ciento del valor del proyecto propuesto; establecer los criterios que el Tribunal de Primera Instancia deberá tomar en consideración al fijar el monto de la fianza, a saber: los recursos económicos de la parte peticionaria, la naturaleza de los daños que se alegan, si existe un riesgo para la comunidad y los efectos económicos que tendría la paralización de la obra para la parte que sufriría la paralización; aclarar que el requisito de fianza dispuesto en dicho inciso aplicará únicamente a la paralización de obras en suelo rústico; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para modificar el requisito de fianza para la paralización de obras. Específicamente, aclara que la imposición de una fianza para detener obras en suelo rústico será discrecional del Tribunal de Primera Instancia, con un máximo del 10% del valor del proyecto. El tribunal deberá considerar factores como los recursos del peticionario, la naturaleza del daño, el riesgo comunitario y el impacto económico de la paralización. La medida busca armonizar la protección de obras autorizadas con el acceso a la justicia para personas con recursos limitados.