Para establecer la "Ley de Fianza Segura" a los fines de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la uniformidad requerida para la imposición de fianzas en casos de delitos graves, salvaguardando los derechos constitucionales sobre la presunción de inocencia, la prohibición de fianzas excesivas y el debido proceso de ley; enmendar las Reglas 6.1, 218 y 228 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para atemperar su lenguaje a las disposiciones de la presente; para facultad de la Oficina de Administración de Tribunales para establecer los programas de educación y para poder reglamentar de conformidad con lo dispuesto en esta legislación especial; para otros fines relacionados.

Para enmendar las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a los fines de atemperar su contenido a lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", para garantizar los derechos de los ciudadanos en la etapa de cumplimiento de la pena de multa en los procedimientos criminales; permitir excepciones de conformidad con la Sección 4 de la Ley Núm. 34-2021, conocida como "Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal para alinear las normas sobre el cumplimiento de multas en casos criminales con el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) y la Ley para la Imposición de la Pena Especial (Ley 34-2021). Busca garantizar los derechos de los ciudadanos en esta etapa y permitir excepciones bajo ciertas condiciones.

“Para enmendar la Regla 64(n) acápites (3) y (4) de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a los fines de aclarar que los términos provistos para la celebración del juicio en su fondo comenzarán a contar desde la determinación de causa para arresto en los delitos menos grave o determinación de causa para acusar en vista preliminar en los delitos graves

Esta medida enmienda la Regla 64(n) de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico para clarificar cuándo comienzan a contar los plazos para la celebración del juicio. Específicamente, establece que el término comenzará a contarse desde la 'determinación de causa para arresto' en casos de delitos menos graves, y desde la 'determinación de causa para acusar' tras una vista preliminar en casos de delitos graves. Esto afecta directamente a los acusados, fiscales, defensores y al sistema judicial en general, al modificar el punto de partida para cumplir con los términos de juicio rápido.

“Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el fin de eliminar las facultades que se otorgan en dicha regla al Ministerio Público de someter casos mediante declaración jurada; aclarar la forma y la manera en que se llevará a cabo el procedimiento de determinación o no de causa probable para arresto; la forma y requisitos de la orden de arresto; y lo relacionado a la vista en alzada y el término para llevarla a cabo; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 380 propone enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963. Busca eliminar la facultad del Ministerio Público de someter casos únicamente mediante declaraciones juradas, exigiendo como regla general la denuncia jurada y el examen bajo juramento del denunciante o testigos. Se establecen excepciones para delitos graves como violencia doméstica, agresión sexual, o contra menores, y se otorgan derechos de defensa más explícitos en la vista de causa probable. La medida también limita la discreción del Ministerio Público en casos de ausencia del imputado y establece un plazo de 36 horas para ser llevado ante un magistrado tras un arresto.