PS 526

Para establecer la “Ley para el Fortalecimiento Familiar y la Reinserción Social de Personas Confinadas” con el fin de incorporar módulos educativos que…

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Para establecer la “Ley para el Fortalecimiento Familiar y la Reinserción Social de Personas Confinadas” con el fin de incorporar módulos educativos que incluyan el fortalecimiento familiar y los valores en la rehabilitación como requisito para las personas confinadas que están siendo consideradas para programas de desvío o libertad bajo palabra ; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El Proyecto del Senado 526 establece la "Ley para el Fortalecimiento Familiar y la Reinserción Social de Personas Confinadas". Crea un requisito para que las personas consideradas para programas de desvío o libertad bajo palabra completen módulos educativos sobre fortalecimiento familiar y valores. Encomienda al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) el diseño, coordinación y evaluación de estos módulos, así como la formación de alianzas. La medida no asigna fondos específicos de manera directa, sino que obliga a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), DCR y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a identificar y garantizar fondos anualmente en el proceso presupuestario.

Pros

•Fortalece la reinserción social al requerir módulos educativos sobre fortalecimiento familiar y valores para personas en procesos de desvío o libertad bajo palabra, buscando reducir la reincidencia y mejorar la preparación para la vida en comunidad. Esto es apoyado por el Departamento de la Familia y ASSMCA, quienes ven estos vínculos como factores protectores clave.
•Establece un mecanismo para la identificación y asignación anual de fondos necesarios para la implementación de los programas de reinserción a través de un deber ministerial de la OGP, DCR y AAFAF en el proceso presupuestario, asegurando un respaldo financiero ordenado y sostenible sin crear un gasto automático.

Contras

•La medida impone cargas operativas significativas al DCR y ASSMCA para diseñar, coordinar y evaluar módulos educativos y alianzas en un plazo de seis (6) meses, sin una específica inicial, lo que la Junta de Libertad Bajo Palabra considera oneroso y potencialmente conducente al incumplimiento.
•La Junta de Libertad Bajo Palabra cuestiona la pertinencia de algunos contenidos propuestos (ej. paternidad responsable, comunicación familiar) para todos los casos, argumentando que pueden basarse en supuestos moralistas sin evidencia empírica sólida y que los talleres existentes ya cubren necesidades similares con enfoques validados científicamente.
•La medida no aborda qué ocurrirá con los casos referidos a la Junta de Libertad Bajo Palabra durante el período de transición de seis meses para el desarrollo de los talleres, creando un riesgo de impase jurídico si no se cumplen los requisitos antes de que los talleres estén listos.
•El costo fiscal exacto de la medida no se puede precisar por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) debido a la falta de detalle sobre la naturaleza específica de los talleres y el grado de rigurosidad en su ejecución, lo que dificulta la planificación presupuestaria confiable.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas confinadas consideradas para programas de desvío o libertad bajo palabra, al ofrecerles módulos educativos que buscan fortalecer sus vínculos familiares y valores para facilitar su reinserción social. También beneficia a las agencias DCR y ASSMCA al formalizar la necesidad de estos programas y buscar su financiamiento anual.
Preocupa a:: El DCR y ASSMCA enfrentan la carga operativa de diseñar e implementar los módulos en un plazo ajustado sin financiamiento inicial garantizado. La Junta de Libertad Bajo Palabra se preocupa por la viabilidad, posibles impases jurídicos y la pertinencia de los contenidos. La OPAL señala la dificultad de estimar costos fiscales.
Quién paga o decide:: El financiamiento se buscará anualmente a través del proceso presupuestario, con la obligación de la OGP, DCR y AAFAF de identificar y garantizar los fondos. La implementación final y el diseño de los módulos recaen en el DCR y ASSMCA, con la supervisión y aprobación de la OGP y AAFAF.

Perspectiva histórica

La medida se inscribe en el tema de la rehabilitación de personas confinadas, un aspecto del sistema correccional que ha experimentado una contracción estructural en la población de confinados. Históricamente, el sistema correccional ha enfrentado desafíos relacionados con las condiciones de habitabilidad y los servicios de salud, lo que subraya la importancia de programas de fortalecimiento familiar y reinserción social para abordar las necesidades de esta población.

En qué va

La medida fue el 15 de septiembre de 2025. Posteriormente, fue referida a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, la cual rindió un recomendando su aprobación sin el 23 de febrero de 2026.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 23 de febrero de 2026

Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 25 (89%)En contra: 2 (7%)Ausente: 1 (4%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Senado · Aprobada

15 de septiembre de 2025

25 A favor2 En contra1 Ausente

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Qué propone

Pros

•Fortalece la reinserción social al requerir módulos educativos sobre fortalecimiento familiar y valores para personas en procesos de desvío o libertad bajo palabra, buscando reducir la reincidencia y mejorar la preparación para la vida en comunidad. Esto es apoyado por el Departamento de la Familia y ASSMCA, quienes ven estos vínculos como factores protectores clave.
•Establece un mecanismo para la identificación y asignación anual de fondos necesarios para la implementación de los programas de reinserción a través de un deber ministerial de la OGP, DCR y AAFAF en el proceso presupuestario, asegurando un respaldo financiero ordenado y sostenible sin crear un gasto automático.

Contras

•La medida impone cargas operativas significativas al DCR y ASSMCA para diseñar, coordinar y evaluar módulos educativos y alianzas en un plazo de seis (6) meses, sin una específica inicial, lo que la Junta de Libertad Bajo Palabra considera oneroso y potencialmente conducente al incumplimiento.
•La Junta de Libertad Bajo Palabra cuestiona la pertinencia de algunos contenidos propuestos (ej. paternidad responsable, comunicación familiar) para todos los casos, argumentando que pueden basarse en supuestos moralistas sin evidencia empírica sólida y que los talleres existentes ya cubren necesidades similares con enfoques validados científicamente.
•La medida no aborda qué ocurrirá con los casos referidos a la Junta de Libertad Bajo Palabra durante el período de transición de seis meses para el desarrollo de los talleres, creando un riesgo de impase jurídico si no se cumplen los requisitos antes de que los talleres estén listos.
•El costo fiscal exacto de la medida no se puede precisar por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) debido a la falta de detalle sobre la naturaleza específica de los talleres y el grado de rigurosidad en su ejecución, lo que dificulta la planificación presupuestaria confiable.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas confinadas consideradas para programas de desvío o libertad bajo palabra, al ofrecerles módulos educativos que buscan fortalecer sus vínculos familiares y valores para facilitar su reinserción social. También beneficia a las agencias DCR y ASSMCA al formalizar la necesidad de estos programas y buscar su financiamiento anual.
Preocupa a:: El DCR y ASSMCA enfrentan la carga operativa de diseñar e implementar los módulos en un plazo ajustado sin financiamiento inicial garantizado. La Junta de Libertad Bajo Palabra se preocupa por la viabilidad, posibles impases jurídicos y la pertinencia de los contenidos. La OPAL señala la dificultad de estimar costos fiscales.
Quién paga o decide:: El financiamiento se buscará anualmente a través del proceso presupuestario, con la obligación de la OGP, DCR y AAFAF de identificar y garantizar los fondos. La implementación final y el diseño de los módulos recaen en el DCR y ASSMCA, con la supervisión y aprobación de la OGP y AAFAF.

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