Para adoptar la "Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas"; autorizar la implementación del modelo de rehabilitación concebido bajo el…

Contras

• •La puesta en marcha no es obligatoria: el DCR puede decidir si implementa el programa y en cuáles instituciones, sujeto a los recursos disponibles. Aunque el reglamento debe estar listo seis meses antes de que el programa entre en vigor, la ley no fija una fecha límite para esa entrada en vigor, por lo que la implementación podría aplazarse sin un plazo legal concreto.
• •La ley carga la operación a la partida presupuestaria del DCR para programas de rehabilitación, sin asignar una cantidad adicional. Esto puede poner el nuevo programa a competir por fondos con otros servicios de rehabilitación; la obligación de solicitar fondos a OGP y AAFAF no garantiza que se concedan.
• •Los objetivos legales incluyen abstinencia de drogas ilícitas y alcohol, pero la ley no aclara cómo se integrará al programa el tratamiento farmacológico para trastornos por uso de opioides ni garantiza expresamente la continuidad de esos medicamentos. El Colegio de Profesionales del Trabajo Social advirtió sobre el riesgo de priorizar una sola modalidad, y ASSMCA se opuso en su informe más reciente porque consideró que una comunidad terapéutica como estrategia única o principal puede ser clínicamente limitante. La ley no declara que sea el único tratamiento ni prohíbe medicamentos, pero deja esa compatibilidad sin resolver expresamente.
• •El artículo 14 dispone que se nombrará un presidente o director ejecutivo y un equipo de dirección, pero no determina quién hace esos nombramientos ni establece requisitos de preparación o criterios de selección. Esa falta de reglas reduce la claridad sobre quién responde por esos nombramientos y deja amplio margen para definirlos mediante reglamentación.