Para adoptar la "Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas"; autorizar la implementación del modelo de rehabilitación concebido bajo el denominado Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas en aquellas instituciones penales que así lo entienda pertinente el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación; atender a los confinados y las confinadas con problemas de trastornos por uso de sustancias controladas; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Programa de Rehabilitación Educativa Comunitaria Correccional (PRECC)”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la implementación del modelo de Rehabilitación Educativa Comunitaria Correccional en aquellas instituciones penales que así lo entienda pertinente el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley del Programa de Rehabilitación Educativa Comunitaria Correccional (PRECC). Establece como política pública la implementación de un modelo de rehabilitación para confinados que incluye la identificación y solución de necesidades comunitarias. El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) será el responsable de su implementación en las instituciones que estime pertinente. Los participantes, bajo supervisión, realizarán proyectos comunitarios y podrán optar por beneficios como reducción de sentencia.

Para crear la “Ley para la Reintegración y Rehabilitación del Confinado mediante la Eliminación de Antecedentes Penales”, estableciendo un término máximo de treinta (30) días, contado a partir del cumplimiento total de la sentencia impuesta por el Estado, para que se remueva de manera automática la información delictiva del certificado de antecedentes penales del confinado, en cumplimiento con el mandato constitucional de la rehabilitación; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley para la Reintegración y Rehabilitación del Confinado mediante la Eliminación de Antecedentes Penales. Establece un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del cumplimiento total de una sentencia, para que la información delictiva sea removida automáticamente del certificado de antecedentes penales. Esta eliminación aplica a delitos menos graves o delitos graves de naturaleza no violenta, excluyendo aquellos cuya acción penal no prescribe según el Código Penal.

Para añadir un nuevo Artículo 4-A de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra", a los fines de disponer el término que tendrá la Junta de Libertad Bajo Palabra para reconsiderar las peticiones de libertad bajo palabra de los miembros de la población correccional; y para otros fines relacionados.

Esta medida añade un nuevo Artículo 4-A a la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Ley Núm. 118 de 1974). Su propósito principal es establecer un plazo específico para que la Junta de Libertad Bajo Palabra reconsidere las solicitudes de libertad bajo palabra de las personas encarceladas. La medida afecta directamente a la población correccional y al funcionamiento interno de la Junta de Libertad Bajo Palabra.