Para crear la “Ley del Programa de Vigilancia, Prevención y Protección de Menores”, para imponer supervisión electrónica mandatoria como condición adicional a la fianza, cuando exista una determinación de causa probable para arresto por la comisión de determinados delitos graves en contra de la integridad y la seguridad de esta población; delimitar las conductas delictivas sujetas a esta reformulación doctrinal; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.3, 2.1-B, 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de introducir enmiendas técnicas y para enmendar el Artículo 5.3 para introducir enmiendas técnicas y establecer el término tres (3) días laborables para pautar la vista en alzada en aquellos casos en que se denuncia la comisión de un delito al amparo de la citada Ley 54 y se solicita la audiencia en alzada luego de que no se determinare causa probable para arresto o se determinase causa probable para arresto por un delito inferior o distinto al imputado; y para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 99-2009, según enmendada, conocida como “Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica”, a los fines de asegurar la imposición de vigilancia electrónica para la protección de la víctima y establecer la zona de exclusión; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone enmendar la Ley Núm. 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y la Ley Núm. 99 de 2009 para la Vigilancia Electrónica. Introduce un plazo de tres (3) días laborables para pautar vistas en alzada tras una determinación de no causa probable o causa probable por delito menor en casos de violencia doméstica. También busca asegurar la imposición de vigilancia electrónica y establecer zonas de exclusión para proteger a las víctimas.

Para establecer la "Ley de Fianza Segura" a los fines de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la uniformidad requerida para la imposición de fianzas en casos de delitos graves, salvaguardando los derechos constitucionales sobre la presunción de inocencia, la prohibición de fianzas excesivas y el debido proceso de ley; enmendar las Reglas 6.1, 218 y 228 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para atemperar su lenguaje a las disposiciones de la presente; para facultad de la Oficina de Administración de Tribunales para establecer los programas de educación y para poder reglamentar de conformidad con lo dispuesto en esta legislación especial; para otros fines relacionados.

Esta medida propone la creación de la 'Ley de Fianza Segura' para establecer una política pública de uniformidad en la imposición de fianzas para delitos graves en Puerto Rico. Enmienda las Reglas 6.1, 218 y 228 de Procedimiento Criminal para incorporar guías de cuantías mínimas de fianza en delitos violentos graves, salvaguardando derechos constitucionales. Faculta a la Oficina de Administración de Tribunales para reglamentar y establecer programas educativos. Afecta directamente a los jueces al proveerles criterios uniformes y a las personas acusadas de delitos graves, quienes podrían enfrentar fianzas mínimas establecidas.

Para crear la “Ley de Alternativas Supervisadas para Cuidadores Primarios”; establecer criterios para la consideración de alternativas a la reclusión en casos de delitos no violentos cuando la persona sea madre, padre o cuidador primario; disponer exclusiones, salvaguardas, condiciones reforzadas de supervisión, protección de víctimas y bienestar de personas dependientes; y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley de Alternativas Supervisadas para Cuidadores Primarios. Establece un marco legal para que los tribunales consideren alternativas a la reclusión en casos de delitos no violentos, cuando la persona acusada o convicta sea madre, padre o cuidador principal de una persona dependiente. La ley define criterios, exclusiones, salvaguardas y condiciones reforzadas de supervisión, buscando armonizar la responsabilidad penal con el bienestar de las personas dependientes.