Para enmendar los Artículos 8, 13 y 15, y añadir un nuevo Artículo 15A a la Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de aclarar el efecto de determinaciones penales, civiles o administrativas sobre la impugnación de confiscaciones; exigir una conexión probatoria sustancial entre el bien confiscado y la conducta delictiva; fortalecer las protecciones de propietarios inocentes y terceros con interés legítimo; disponer requisitos mínimos adicionales en la notificación de confiscación; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Propietarios inocentes, terceros con intereses legítimos (como instituciones financieras, arrendadores, aseguradoras), y personas que enfrentan confiscaciones de bienes que no estuvieron directamente vinculados a su propia conducta delictiva.

Preocupa a:

El Estado podría enfrentar mayores desafíos probatorios para confiscar bienes, y potencialmente, la efectividad de la confiscación como herramienta disuasoria podría verse limitada en casos donde la conexión directa del bien con el delito sea menos obvia pero sí existan vínculos financieros o de facilitación indirecta.

Quién paga o decide:

El costo de operación y litigio asociado a los procesos de confiscación recae en el Estado (agencias de aplicación de la ley y fiscalía). Las decisiones de implementación y litigio recaen en los tribunales y las agencias correspondientes.