Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) y/o el operador de la red eléctrica LUMA Energy, LLC. (“LUMA”) cesar el cobro de todo cargo por concepto de Estudio Suplementario y por mejoras a la red que hubiese sido requerido para sistemas de hasta 25 kilovatios por el Reglamento Número 8915, Reglamento para Interconectar Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica y Participar En Los Programas De Medición Neta del 6 de febrero de 2017, incluyendo pero sin limitarse a los cargos dispuestos en la Sección V, Artículo B de dicho Reglamento 8915; y ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico a adoptar un nuevo reglamento de interconexión consistente con la Ley 17 de 2019, Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico y con esta Ley dentro de un término de tiempo específico.

Para ordenar al Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico a comenzar dentro del término de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de vigencia de esta Resolución Conjunta, el proceso de adopción de un nuevo reglamento integral de interconexión de sistemas de generación con la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que sea consistente con todos los mandatos, objetivos, y principios rectores del sistema eléctrico de Puerto Rico, así como con la Política Pública Energética, según establecidos en la Ley Núm. 17-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público a iniciar, en un plazo de noventa (90) días desde su vigencia, el proceso para adoptar un nuevo reglamento integral sobre la interconexión de sistemas de generación a la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El nuevo reglamento deberá ser consistente con los mandatos, objetivos y principios de la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019). La medida busca actualizar las normas de interconexión, especialmente para comunidades solares y microrredes, que según la Exposición de Motivos, han enfrentado obstáculos regulatorios.

Para enmendar el sub inciso (f) del inciso (5) del Artículo 1.5 de la Ley 17-2019, según enmendada y conocida como “Ley de Política Pública Energética” a los fines de establecer que bajo ningún concepto el establecimiento de un programa de eficiencia energética redundará en la imposición de nuevos cargos en la tarifa a los consumidores; ordenar al Negociado de Energía a emitir un cese y desista a LUMA Energy y/o a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para que no se continúe facturando a los consumidores el cargo por eficiencia energética, así como para iniciar un proceso para otorgar un crédito en la factura de la luz a cada cliente por el dinero facturado en virtud de este cargo; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 857 propone enmendar la Ley 17-2019 para prohibir que los programas de eficiencia energética generen nuevos cargos en la tarifa eléctrica de los consumidores. Ordena al Negociado de Energía que instruya a LUMA Energy y/o a la Autoridad de Energía Eléctrica a cesar la facturación del cargo por eficiencia energética y a iniciar un proceso para acreditar a los clientes el dinero ya cobrado por este concepto.

Para añadir unos nuevos incisos (u) y (v) al Artículo 1.2, añadir el sub-inciso (viii) al Artículo 1.4 y enmendar el Artículo 1.8 de la Ley 17-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública Energética”; para enmendar la Secciones 2 (e) de la Ley 120-2018, según enmendada, conocida como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”; a los fines de reducir el costo de la electricidad mediante un sistema de despacho eficiente que garantice un servicio; para establecer métricas objetivas para un operador futuro; incorporar el principio de justicia ambiental; que el proveedor mantenga en óptimas condiciones la red eléctrica, de modo que esta sea más confiable, resiliente y eficiente; establecer que el Negociado de Energía no participará en procesos de adjudicación o supervisión de contratos de alianzas, para evitar conflictos de intereses o aun la apariencia de conflictos de intereses, entre ambas funciones; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019) y la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico (Ley 120-2018) para reducir el costo de la electricidad mediante un sistema de despacho eficiente y establecer métricas objetivas para futuros operadores. Incorpora el principio de justicia ambiental y exige el mantenimiento óptimo de la red eléctrica para mayor confiabilidad y resiliencia. Crucialmente, retira al Negociado de Energía (NEPR) de la adjudicación y supervisión de contratos de alianzas público-privadas para evitar conflictos de interés.