Para crear la “Ley de Alivio Económico y Asistencia Directa a Empleados Federales Durante Cierres Gubernamentales”, a los fines de establecer moratorias en el cobro de préstamos hipotecarios y de vehículos de motor, pagos del servicio de agua potable y de energía eléctrica, y pagos de deudas con el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM); facilitar el acceso al Programa de Asistencia Nutricional (PAN), manejado por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), y al seguro por desempleo, administrado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en virtud de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a todo ciudadano que, como consecuencia de un cierre del gobierno federal, sufra una merma de ingresos; disponer que un deudor que sea empleado federal podrá solicitar la suspensión de un litigio en cobro de dinero, durante un periodo mínimo de tres (3) meses; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Exención Temporera del Impuesto sobre Ventas y Uso en la Reposición de Inventario Afectado por Desastres Naturales” a los fines de establecer una exención temporera para los comerciantes para la reposición de inventario destruido o perdido a causa de desastres naturales; establecer el procedimiento de solicitud de exención ante en Departamento de Hacienda de Puerto Rico; establecer penalidades en caso de declaraciones falsas; y para otros fines relacionados.

La medida crea la “Ley para la Exención Temporera del Impuesto sobre Ventas y Uso en la Reposición de Inventario Afectado por Desastres Naturales”. Establece una exención temporera del pago del IVU para comerciantes que repongan inventario destruido o perdido por desastres naturales. El procedimiento de solicitud se tramitará ante el Departamento de Hacienda, que emitirá un “Certificado de Compras Exentas”. Define desastre natural de forma amplia, incluyendo eventos declarados por el Gobernador, NMEAD o el Presidente de EE.UU. Afecta directamente a comerciantes que sufren pérdidas de inventario y al Departamento de Hacienda en su rol administrativo.

Para crear la “Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño” a los fines de establecer un programa de reembolso salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una merma en el volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la cantidad de empleados que tienen a tiempo completo y/o transicional los empleados de medio tiempo a tiempo completo; establecer los requisitos de elegibilidad para que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta Ley; definir las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico en la administración de esta Ley; derogar el Artículo 2.4 de la Ley Núm. 120 de 31 de julio de 2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; asignar fondos para su implementación; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño para establecer un programa de incentivos y beneficios dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo de cierre o despidos. Los beneficios incluyen reembolso salarial (hasta 50% del salario mínimo estatal), tasas contributivas preferenciales (5%-20% sobre ingresos), planes de pago de deudas contributivas sin intereses ni penalidades, exenciones parciales en patentes municipales y contribuciones sobre propiedad mueble/inmueble (hasta 50% o 100% por 3 años), y descuentos en primas del Fondo del Seguro del Estado (50% por 3 años). También contempla planes de pago para deudas de servicios de energía eléctrica y agua potable. La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (DDEC) administrará el programa, certificando empresas elegibles que demuestren merma en ventas, ganancias o producción y que estén considerando cesantías o cierres. La vigencia de los beneficios es de hasta tres años, y las empresas deben comprometerse a mantener su plantilla de empleados.

Para crear la “Ley Temporera de Protección al Consumidor de la Industria Automotriz” con el propósito de proteger al consumidor que adquiera un auto contra prácticas de venta confusas y alzas en precio en vehículos a los cuales no les aplica la implementación de aranceles efectiva desde el 2 de abril de 2025, para fijarle responsabilidades al Departamento de Hacienda y el Departamento de Asuntos al Consumidor para que establezcan un inventario de los vehículos que han sido importados a Puerto Rico y se encuentran los concesionarios de autos o en la zona libre de impuestos, previo a la implementación de aranceles de la administración presidencial de Estados Unidos, imponerle multas y acciones correctivas a los concesionarios que se encuentren incursos en prácticas contrarias a las disposiciones de esta ley; y para otros fines relacionados.

La medida crea la "Ley Temporera de Protección al Consumidor de la Industria Automotriz" para proteger a los consumidores de prácticas de venta confusas y alzas de precio en vehículos importados antes del 2 de abril de 2025. Asigna al Departamento de Hacienda y al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) la tarea de crear un inventario de estos vehículos y establece multas y acciones correctivas para concesionarios que incurran en prácticas contrarias a la ley. Afecta directamente a los consumidores que compran autos y a los concesionarios de la industria automotriz.