Para enmendar el Artículo 59 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”; a los fines de prohibir la suspensión de servicios esenciales (agua potable, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones) por falta de pago de cuotas de mantenimiento, derramas, seguros o multas; disponer mecanismos alternos de cobro; establecer definiciones y salvaguardas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley 129-2020, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de fortalecer los derechos de los titulares, promover la transparencia administrativa y financiera, establecer un Capítulo especial sobre conductas delictivas, penalidades y otras medidas, y ampliar el acceso a remedios judiciales mediante estados provisionales de derecho; enmendar la Ley Núm. 140-1974, conocida como “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, para incluir expresamente las controversias relacionadas con condominios dentro de su ámbito de aplicación; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 1101, enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) y la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho (Ley 140-1974). Busca fortalecer los derechos de los titulares de condominios, mejorar la transparencia administrativa y financiera, e incorporar un capítulo sobre conductas delictivas y penalidades. Amplía el acceso a remedios judiciales, permitiendo a los titulares acudir directamente al Tribunal de Primera Instancia para solicitar medidas provisionales sin agotar previamente la vía administrativa, y clarifica que las controversias de condominios caen bajo el ámbito de la Ley 140-1974.

Para enmendar los Artículos 65, 66 y 69 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de establecer que toda controversia al amparo de esta Ley estará sujeta a un proceso de arbitraje obligatorio; limitar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a la revisión de la validez del proceso y el cumplimiento de derecho de los laudos emitidos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para hacer obligatorio el arbitraje como mecanismo principal para resolver controversias entre titulares, juntas de directores y administradores. La jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) se limitará a revisar la validez y legalidad de los laudos arbitrales emitidos, en lugar de adjudicar los casos de hecho. Afecta directamente a los residentes de condominios, juntas de directores y administradores, quienes deberán someter sus disputas a este proceso de arbitraje obligatorio.

Para enmendar los artículos 3, 49 y 51 de la Ley Núm. 129-2020, conocida como la “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de realizar enmiendas técnicas a Ley, de permitir que residentes bona fide no titulares, o familiares que convivan o no hasta segundo grado de consanguinidad o personas relacionadas por afinidad, autorizados por los titulares, puedan representar al titula, con voz y voto en las asambleas de titulares y ser elegibles para formar parte de la Junta de Directores ocupando un puesto de vocal; establecer requisitos para su participación; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para permitir que personas que residen en un condominio pero no son titulares de la propiedad (como familiares o convivientes autorizados por el titular) puedan representar al titular en las asambleas de condóminos con voz y voto. Además, faculta a estos residentes para ser elegibles a ocupar puestos de vocal en la Junta de Directores, siempre que cumplan con requisitos específicos establecidos en la ley.