Para enmendar los Artículos 65, 66 y 69 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de establecer que toda controversia al amparo de esta Ley estará sujeta a un proceso de arbitraje obligatorio; limitar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a la revisión de la validez del proceso y el cumplimiento de derecho de los laudos emitidos; y para otros fines relacionados.

Pros

• •Agiliza la resolución de disputas en condominios al establecer el arbitraje como un mecanismo primario, buscando reducir la carga administrativa y los tiempos de espera que actualmente enfrenta el DACO, según se expone en la medida.
• •Permite al DACO evolucionar de un foro de adjudicación primaria a uno de supervisión de legalidad, enfocándose en asegurar que los procesos de arbitraje cumplan con las normas y el derecho aplicable, alineándose con tendencias jurisprudenciales.
• •Fomenta el uso de métodos alternos de resolución de disputas, una política pública gubernamental, ofreciendo una vía potencialmente más especializada y eficiente para conflictos de propiedad horizontal.
• •Establece un plazo de 60 días para que el DACO adopte un reglamento específico, asegurando un marco normativo para la implementación del nuevo proceso de arbitraje y supervisión.