Para enmendar la Ley 129-2020, conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, a fin de crear comités de conciliación dentro de las asociaciones de condominios para la resolución de disputas entre condómines; establecer su composición, funciones y procedimientos; y para otros fines relacionados.

Para derogar el Artículo 65, añadir un nuevo Artículo 65 y añadir un nuevo Artículo 66A a la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, a los fines de aclarar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), y del Tribunal de Primera Instancias para atender las controversias que se susciten bajo dicha Ley; y establecer un nuevo Proceso Adjudicativo Expedito Alterno ante DACO para atender la impugnación de acuerdos, determinaciones, omisiones o actuaciones del Consejo de Titulares, de la Junta de Directores, del director, presidente o del secretario de la Junta de Directores o del Síndico en los condominios con al menos un apartamento de uso residencial; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa busca reformar la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley Núm. 129 de 2020) para clarificar la jurisdicción entre el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Tribunal de Primera Instancia en disputas de condominios residenciales. Crea un nuevo Proceso Adjudicativo Expedito Alterno ante el DACO, con un plazo estricto de 60 días para resolver impugnaciones contra el Consejo de Titulares, la Junta de Directores o el Síndico, requiriendo que el querellante presente toda la evidencia necesaria desde el inicio. Afecta directamente a los titulares de apartamentos en condominios con al menos una unidad residencial y a las juntas directivas y síndicos de estos condominios.

Para enmendar la Ley 129-2020, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de fortalecer los derechos de los titulares, promover la transparencia administrativa y financiera, establecer un Capítulo especial sobre conductas delictivas, penalidades y otras medidas, y ampliar el acceso a remedios judiciales mediante estados provisionales de derecho; enmendar la Ley Núm. 140-1974, conocida como “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, para incluir expresamente las controversias relacionadas con condominios dentro de su ámbito de aplicación; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 1101, enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) y la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho (Ley 140-1974). Busca fortalecer los derechos de los titulares de condominios, mejorar la transparencia administrativa y financiera, e incorporar un capítulo sobre conductas delictivas y penalidades. Amplía el acceso a remedios judiciales, permitiendo a los titulares acudir directamente al Tribunal de Primera Instancia para solicitar medidas provisionales sin agotar previamente la vía administrativa, y clarifica que las controversias de condominios caen bajo el ámbito de la Ley 140-1974.

Para enmendar los Artículos 48, 53, 59 y 69 de la Ley Núm. 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de incluir salvaguardas y protecciones a fondos pagados por los Titulares; evitar conflictos de interés y abusos de poder por las Juntas Directivas; facilitar y agilizar las reclamaciones de los Titulares ante los foros judiciales; para disponer medidas cautelares sobre cheques o cualesquiera otros instrumentos negociables con cargos a la cuenta del Consejo de Titulares; y para otros fines relacionados

Esta medida enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para fortalecer la protección de los fondos de los titulares, prevenir conflictos de interés y abusos por parte de las Juntas de Directores, y agilizar reclamaciones judiciales. Introduce requisitos para la elegibilidad de miembros de la junta, limita las firmas autorizadas en cheques a Presidente y Tesorero, y establece la responsabilidad personal de los directores por pérdidas causadas por negligencia o delitos. También aclara que la obligación de pagar cuotas de mantenimiento cesa si el inmueble es destruido por desastre natural hasta que sea habitable.