Para enmendar los Artículos 1, 3 y 4 de la Ley Núm. 2 del 7 de noviembre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia del Departamento de Salud”, los fines de establecer criterios específicos y medibles en la aprobación de Certificados de Necesidad y Conveniencia para operar laboratorios clínicos dentro de la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia" a fin de agilizar el proceso para expedir o denegar certificados de necesidad y conveniencia modificando los términos de presentación de evidencia de titularidad o compromiso de arrendamiento al momento de radicar la solicitud.

La medida propone enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, conocida como 'Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia', para agilizar el proceso de obtención de estos certificados. Específicamente, modifica los requisitos de presentación de evidencia de titularidad o compromiso de arrendamiento de un inmueble, permitiendo que se solicite solo una vez que la solicitud haya sido evaluada y aprobada preliminarmente por el Secretario de Salud, en lugar de requerirse al momento de radicarla. Esto afecta a los solicitantes de facilidades de salud que buscan obtener un certificado de necesidad y conveniencia.

Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 97 de 25 de junio de 1962, según enmendada, conocida como la “Ley para reglamentar el establecimiento y operación de los laboratorios de análisis clínicos, centros de plasmaféresis, centros de sueroféresis y bancos de sangre en Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los laboratorios de análisis clínicos debidamente licenciados a administrar vacunas; establecer los requisitos mínimos para dicha autorización; y facultar al Secretario de Salud a crear la reglamentación necesaria para su supervisión y fiscalización.

El Proyecto de la Cámara 866 enmienda los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 97 de 1962 para autorizar a los laboratorios de análisis clínicos debidamente licenciados a administrar vacunas, estableciendo requisitos mínimos y facultando al Secretario de Salud a reglamentar la supervisión y fiscalización. Inicialmente, la medida buscaba permitir la vacunación a toda la población, pero fue enmendada para limitar esta autorización a la población adulta.

Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado realizar una investigación sobre la observancia y cumplimiento de la Ley 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia”, el Reglamento del Secretario de Salud para regir el otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia (Reglamento Núm. 9084 de 17 de mayo de 2019) y cualquier otra disposición de ley o reglamento pertinente, en lo relacionado al ejercicio, por el Secretario de Salud, de su autoridad delegada para adjudicar solicitudes de expedición de Certificados de Necesidad y Conveniencia Certificados de Necesidad y Conveniencia.

La Resolución del Senado 488 ordena a la Comisión de Salud del Senado realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 2 de 1975 (Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia) y su reglamento asociado (Reglamento Núm. 9084 de 2019). El objetivo es examinar cómo el Secretario de Salud ejerce su autoridad delegada para adjudicar solicitudes de estos certificados, afectando al Departamento de Salud y a los solicitantes de dichos permisos.

Para crear la “Ley de Protección Responsable para la Salud” o “Ley PROSALUD”, a los fines de establecer límites en las compensaciones por daños no pecuniarios en demandas por impericia médica contra profesionales de la salud privados, con el propósito de mitigar el impacto de litigios frívolos y reclamaciones excesivas que elevan los costos de seguros de malpractice, contribuyendo a la escasez de médicos especialistas en la Isla; fijar dichos límites en cuantías razonables y equilibradas; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 1006 buscaba crear la 'Ley PROSALUD' para establecer límites en las compensaciones por daños no pecuniarios en demandas por impericia médica contra profesionales de la salud privados. Proponía topes de $250,000 por reclamante individual y $750,000 en total por incidente, excluyendo daños pecuniarios demostrables, dolo intencional, conducta temeraria grave o violaciones constitucionales. Afectaría a pacientes que demanden por impericia médica y a los profesionales de la salud privados y sus aseguradoras.

Para añadir un inciso (EE) al Artículo 2.030 y enmendar el Artículo 2.050, a los fines de añadir los subincisos (l), (m) y (n) en el inciso D, de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”; para enmendar la Sección 1 del Artículo III y añadir un nuevo inciso (h), y renumerar los subsiguientes, así como enmendar la Sección 6 del artículo VI y añadir un inciso (g) del subinciso (1) del inciso “Cubierta C” de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; a los fines de incorporar la definición de biomarcadores y establecer la cubierta obligatoria de pruebas de biomarcadores en los planes de salud en Puerto Rico, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno; disponer sobre su aplicabilidad, reglamentación, deber de orientación y vigencia; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 1097 buscaba enmendar el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico (Ley 194-2011) y la Ley de la Administración de Seguros de Salud (Ley 72-1993) para incorporar la definición de biomarcadores y establecer la cubierta obligatoria de pruebas de biomarcadores en todos los planes de salud, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno. La medida pretendía mejorar diagnósticos, personalizar tratamientos y optimizar el uso de recursos en el sistema de salud.