Para enmendar el inciso (c) de la regla 4.3 de las “Reglas de Procedimiento Civil de 2009”, según enmendadas, con el propósito de reducir a sesenta (60) días el término para diligenciar emplazamientos, prorrogable por treinta (30) días adicionales previa oportuna solicitud cuando medie justa causa a discreción del tribunal.

“Para enmendar la Regla 64(n) acápites (3) y (4) de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a los fines de aclarar que los términos provistos para la celebración del juicio en su fondo comenzarán a contar desde la determinación de causa para arresto en los delitos menos grave o determinación de causa para acusar en vista preliminar en los delitos graves

Esta medida enmienda la Regla 64(n) de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico para clarificar cuándo comienzan a contar los plazos para la celebración del juicio. Específicamente, establece que el término comenzará a contarse desde la 'determinación de causa para arresto' en casos de delitos menos graves, y desde la 'determinación de causa para acusar' tras una vista preliminar en casos de delitos graves. Esto afecta directamente a los acusados, fiscales, defensores y al sistema judicial en general, al modificar el punto de partida para cumplir con los términos de juicio rápido.

Para enmendar las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a los fines de atemperar su contenido a lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", para garantizar los derechos de los ciudadanos en la etapa de cumplimiento de la pena de multa en los procedimientos criminales; permitir excepciones de conformidad con la Sección 4 de la Ley Núm. 34-2021, conocida como "Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal para alinear las normas sobre el cumplimiento de multas en casos criminales con el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) y la Ley para la Imposición de la Pena Especial (Ley 34-2021). Busca garantizar los derechos de los ciudadanos en esta etapa y permitir excepciones bajo ciertas condiciones.

“Para enmendar el inciso (b) de la Regla 240 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el propósito de establecer que ninguna persona a la espera de una determinación de procesabilidad, o declarada ya no procesable conforme a la regla referida podrá permanecer sumariada en una institución carcelaria, en espera de recibir el tratamiento adecuado, por un término mayor de seis (6) meses; y para decretar otras disposiciones complementarias.”

La medida PS 655 propone enmendar la Regla 240 de las Reglas de Procedimiento Criminal para establecer un límite máximo de seis (6) meses de reclusión en una institución carcelaria para personas que están a la espera de una determinación sobre su procesabilidad (capacidad para entender el proceso judicial y colaborar con su defensa) o que ya han sido declaradas no procesables, mientras esperan recibir tratamiento adecuado. Esto aplica a personas bajo custodia del Estado en el sistema de justicia criminal.