Para enmendar la Regla 40.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, con el propósito de establecer que toda citación expedida a los fines de requerir la producción de documentos, información almacenada electrónicamente u objetos tangibles, o la inspección de predios, deberá ser notificada a las demás partes en el pleito, previo a ser diligenciada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a fin de establecer limitaciones en el descubrimiento de prueba con respecto a: (1) borradores de informes de personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial; (2) comunicaciones entre un representante legal de una parte y las personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico para limitar el descubrimiento de prueba sobre borradores de informes de peritos y las comunicaciones entre abogados y peritos anunciados como testigos en casos civiles. Busca proteger este material como 'work product' del abogado, similar a la práctica en el derecho federal, revirtiendo una interpretación reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Afecta directamente a las partes en litigios civiles, sus abogados y las personas peritas contratadas para testificar.

Para enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de incluir nuevos requisitos relacionados con la confiscación de una fianza cuando el acusado ha evadido la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico. Su objetivo es establecer nuevos requisitos para la confiscación de fianzas cuando un acusado evade la jurisdicción de la isla. Específicamente, detalla el procedimiento cuando el fiador localiza al acusado fuera de Puerto Rico o este es encarcelado en Estados Unidos, afectando a fiadores, acusados y al Departamento de Justicia en la gestión de extradiciones y detenciones.

Para crear la “Ley para Regular la Profesión de los Emplazadores en Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco uniforme de requisitos, deberes, responsabilidades y estándares éticos para el ejercicio de la función emplazadora; disponer un sistema de licenciamiento, educación y fiscalización; crear un Registro de Emplazadores Autorizados; establecer un procedimiento disciplinario y penalidades; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley para Regular la Profesión de los Emplazadores en Puerto Rico, estableciendo un marco legal para quienes realizan notificaciones judiciales. Se implementará un sistema de licenciamiento, capacitación y fiscalización a cargo de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), con la creación de un Registro de Emplazadores Autorizados y una Junta Reglamentadora. Afecta directamente a las personas que desean ejercer como emplazadores, a los tribunales, y a las partes involucradas en procesos judiciales, al profesionalizar y estandarizar esta función crítica.