“Para enmendar la Regla 64(n) acápites (3) y (4) de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a los fines de aclarar que los términos provistos para la celebración del juicio en su fondo comenzarán a contar desde la determinación de causa para arresto en los delitos menos grave o determinación de causa para acusar en vista preliminar en los delitos graves

Para enmendar las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a los fines de atemperar su contenido a lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", para garantizar los derechos de los ciudadanos en la etapa de cumplimiento de la pena de multa en los procedimientos criminales; permitir excepciones de conformidad con la Sección 4 de la Ley Núm. 34-2021, conocida como "Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal para alinear las normas sobre el cumplimiento de multas en casos criminales con el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) y la Ley para la Imposición de la Pena Especial (Ley 34-2021). Busca garantizar los derechos de los ciudadanos en esta etapa y permitir excepciones bajo ciertas condiciones.

Para establecer la "Ley de Fianza Segura" a los fines de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la uniformidad requerida para la imposición de fianzas en casos de delitos graves, salvaguardando los derechos constitucionales sobre la presunción de inocencia, la prohibición de fianzas excesivas y el debido proceso de ley; enmendar las Reglas 6.1, 218 y 228 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para atemperar su lenguaje a las disposiciones de la presente; para facultad de la Oficina de Administración de Tribunales para establecer los programas de educación y para poder reglamentar de conformidad con lo dispuesto en esta legislación especial; para otros fines relacionados.

La medida, titulada 'Ley de Fianza Segura', busca establecer una política pública de uniformidad en la imposición de fianzas para delitos graves en Puerto Rico. Propone enmendar las Reglas 6.1, 218 y 228 de Procedimiento Criminal para establecer guías uniformes y mínimos de fianza en crímenes violentos, salvaguardando derechos constitucionales. Faculta a la Oficina de Administración de Tribunales para establecer programas educativos y reglamentar aspectos de la ley, permitiendo excepciones mediante fundamentación judicial escrita y el uso de herramientas de evaluación de riesgo.

Para enmendar la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”; y la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico", a los fines de fortalecer el régimen de prescripción aplicable a determinados delitos económicos y financieros; disponer el cómputo del término desde el descubrimiento del delito; establecer la suspensión de la prescripción por encubrimiento activo; armonizar la prescripción de los delitos subyacentes al lavado de dinero y al crimen organizado; establecer un tope absoluto de veinte (20) años para el ejercicio de la acción penal; disponer salvaguardas procesales compatibles con el debido proceso de ley; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1261 enmienda el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) y otras leyes (Ley 33-1978, Ley 255-2002, Ley 60-1963) para fortalecer el régimen de prescripción de delitos económicos y financieros. Propone que el término prescriptivo comience a contarse desde el descubrimiento del delito, se suspenda por actos de encubrimiento activo, y armoniza la prescripción de delitos subyacentes al lavado de dinero y crimen organizado. Establece un tope absoluto de 20 años desde la comisión del delito para la acción penal, e incluye salvaguardas procesales para el debido proceso. Afecta principalmente al sistema de justicia penal, a los fiscales en la persecución de estos delitos, y a los acusados.