Para enmendar la Regla 182 de la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento Criminal de 1963”, a los fines de aclarar que el tiempo que una persona hubiere permanecido privada de su libertad por arresto domiciliario o cualquier otros mecanismos no se descontará del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad, cuando se trate de delitos graves que envuelvan actos de violencia; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La medida la Regla 182 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para aclarar que el tiempo de arresto domiciliario o cualquier otro mecanismo de privación de libertad previo a la sentencia no se descontará de la pena de cárcel impuesta, cuando se trate de delitos graves que envuelvan actos de violencia. Esto afecta a personas acusadas y sentenciadas por dichos delitos graves.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se relaciona con el sistema correccional de Puerto Rico, que ha experimentado una contracción estructural en su población de confinados, como se menciona en la Fuente 6. La medida busca modificar las reglas de procedimiento criminal para ciertos delitos violentos, lo que impacta directamente en cómo se gestionan las penas y, por ende, en la población carcelaria y el sistema correccional.
En qué va
La medida, P. del S. 972, fue el 20 de enero de 2026 y referida a la Comisión de lo Jurídico del Senado. El 28 de agosto de 2026, se rindió un primer informe con y la medida fue remitida a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado.
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Última acción · 28 de agosto de 2026
Remitido a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
“Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el fin de eliminar las facultades que se otorgan en dicha regla al Ministerio Público de someter casos mediante declaración jurada; aclarar la forma y la manera en que se llevará a cabo el procedimiento de determinación o no de causa probable para arresto; la forma y requisitos de la orden de arresto; y lo relacionado a la vista en alzada y el término para llevarla a cabo; y para otros fines relacionados.”
La medida propone enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para eliminar la facultad del Ministerio Público de radicar casos únicamente mediante declaración jurada. En su lugar, se exige una denuncia jurada y examen bajo juramento del denunciante o testigos, salvo excepciones específicas (Ley 54, delitos contra menores/ancianos/incapacitados, agresión sexual, incesto, actos lascivos, arrestos en serie, o operativos con denuncias múltiples). También aclara el procedimiento para la determinación de causa probable para arresto y la vista en alzada.
Para enmendar las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a los fines de atemperar su contenido a lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", para garantizar los derechos de los ciudadanos en la etapa de cumplimiento de la pena de multa en los procedimientos criminales; permitir excepciones de conformidad con la Sección 4 de la Ley Núm. 34-2021, conocida como "Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.
La Ley 21-2026 enmienda las Reglas 172 y 177 de Procedimiento Criminal. En la Regla 172 sustituye la conversión de un día de prisión por cada dólar de multa impago por un día por cada $50 adeudados; conserva el máximo de 90 días de prisión subsidiaria. En la Regla 177 cambia de $1 a $50 el crédito por cada día de prisión subsidiaria cuando la persona confinada paga la multa. También deja a salvo la aplicación de la Sección 4 de la Ley 34-2021 sobre exenciones de la pena especial; no crea una exención nueva de la multa ordinaria ni modifica los criterios de esa sección.
“Para añadir un nuevo Artículo 4-B a la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de establecer una regla prospectiva de aplicabilidad temporal para futuras enmiendas penales, correccionales o relacionadas con los términos, cómputos, requisitos, exclusiones, condiciones o criterios de elegibilidad al privilegio de libertad bajo palabra; requerir que toda legislación futura que altere dichos términos disponga expresamente si aplica prospectivamente, retroactivamente o a casos pendientes ante la Junta de Libertad Bajo Palabra; establecer criterios mínimos para la evaluación administrativa de leyes posteriores, cláusulas de reserva, derechos adquiridos, expectativas de evaluación y exclusiones estatutarias; requerir determinaciones escritas y fundamentadas por parte de la Junta cuando decline jurisdicción o determine la aplicabilidad de una ley posterior; ordenar la adopción o revisión de reglamentación compatible; establecer cláusula de interpretación, separabilidad y vigencia; y para otros fines relacionados.”
Esta medida añade un nuevo Artículo 4-B a la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Ley 118-1974). Su propósito es establecer una regla clara para determinar cuándo aplican las futuras enmiendas a las leyes penales y correccionales que afecten la libertad bajo palabra. Requiere que el legislador especifique la aplicabilidad temporal (prospectiva, retroactiva o a casos pendientes) de dichas enmiendas, y exige que la Junta de Libertad Bajo Palabra emita determinaciones escritas y fundamentadas al evaluar la aplicabilidad de estas leyes.
Para enmendar añadir una nueva Regla 6.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de requerir una evaluación psicológica en los casos en que se encuentre causa probable de un delito al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa, el P. de la C. 176, enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para añadir una nueva Regla 6.2. Esta nueva regla establece un proceso para que los tribunales ordenen una evaluación de riesgo de violencia doméstica para personas imputadas de delitos bajo la Ley Núm. 54. El propósito es que un psicólogo o psicóloga realice esta evaluación para aportar información objetiva que ayude al tribunal a determinar condiciones de fianza, supervisión y medidas de protección. Afecta directamente a las personas imputadas, las víctimas de violencia doméstica, los tribunales y las agencias de supervisión y corrección.
“Para enmendar el Artículo 7.06 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de eliminar la posibilidad de penas alternativas a la reclusión para los conductores que provoquen la muerte de otra persona mientras conducen bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas; y para otros fines relacionados.”
La medida PS 572 propone enmendar el Artículo 7.06 de la Ley 22-2000 (Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico). Su objetivo es eliminar la posibilidad de que los tribunales concedan penas alternativas a la reclusión efectiva (como probatoria o desvíos) a conductores que causen la muerte de otra persona mientras manejan bajo los efectos de alcohol, drogas o sustancias controladas. Esto aplicaría a los casos de muerte, fijando una pena de reclusión de quince (15) años sin derecho a reducciones o sustituciones.
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