Para enmendar la Regla 182 de la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento Criminal de 1963”, a los fines de aclarar que el tiempo que una persona hubiere permanecido privada de su libertad por arresto domiciliario o cualquier otros mecanismos no se descontará del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad, cuando se trate de delitos graves que envuelvan actos de violencia; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el fin de eliminar las facultades que se otorgan en dicha regla al Ministerio Público de someter casos mediante declaración jurada; aclarar la forma y la manera en que se llevará a cabo el procedimiento de determinación o no de causa probable para arresto; la forma y requisitos de la orden de arresto; y lo relacionado a la vista en alzada y el término para llevarla a cabo; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 380 propone enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963. Busca eliminar la facultad del Ministerio Público de someter casos únicamente mediante declaraciones juradas, exigiendo como regla general la denuncia jurada y el examen bajo juramento del denunciante o testigos. Se establecen excepciones para delitos graves como violencia doméstica, agresión sexual, o contra menores, y se otorgan derechos de defensa más explícitos en la vista de causa probable. La medida también limita la discreción del Ministerio Público en casos de ausencia del imputado y establece un plazo de 36 horas para ser llevado ante un magistrado tras un arresto.

“Para añadir un nuevo Artículo 4-B a la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de establecer una regla prospectiva de aplicabilidad temporal para futuras enmiendas penales, correccionales o relacionadas con los términos, cómputos, requisitos, exclusiones, condiciones o criterios de elegibilidad al privilegio de libertad bajo palabra; requerir que toda legislación futura que altere dichos términos disponga expresamente si aplica prospectivamente, retroactivamente o a casos pendientes ante la Junta de Libertad Bajo Palabra; establecer criterios mínimos para la evaluación administrativa de leyes posteriores, cláusulas de reserva, derechos adquiridos, expectativas de evaluación y exclusiones estatutarias; requerir determinaciones escritas y fundamentadas por parte de la Junta cuando decline jurisdicción o determine la aplicabilidad de una ley posterior; ordenar la adopción o revisión de reglamentación compatible; establecer cláusula de interpretación, separabilidad y vigencia; y para otros fines relacionados.”

Esta medida propone añadir un nuevo Artículo 4-B a la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Ley Núm. 118 de 1974). Su objetivo es establecer una regla clara y prospectiva para la aplicación de futuras enmiendas a leyes penales o correccionales que afecten la elegibilidad para libertad bajo palabra. Exige que la legislatura especifique explícitamente si estas nuevas leyes aplicarán retroactivamente, prospectivamente o a casos pendientes, y requiere que la Junta de Libertad Bajo Palabra emita determinaciones escritas y fundamentadas sobre la aplicabilidad de dichas leyes. Afecta a futuras legislaciones sobre libertad bajo palabra, a la Junta de Libertad Bajo Palabra y a las personas que solicitan este privilegio.

Para enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de incluir nuevos requisitos relacionados con la confiscación de una fianza cuando el acusado ha evadido la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico. Su objetivo es establecer nuevos requisitos para la confiscación de fianzas cuando un acusado evade la jurisdicción de la isla. Específicamente, detalla el procedimiento cuando el fiador localiza al acusado fuera de Puerto Rico o este es encarcelado en Estados Unidos, afectando a fiadores, acusados y al Departamento de Justicia en la gestión de extradiciones y detenciones.