Para enmendar la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, a los fines de añadir un nuevo Articulo para establecer un procedimiento expedito, rápido y de fácil acceso para el traspaso de permisos de uso comercial cuando ocurra la venta o transferencia de titularidad de un negocio en operación, siempre que se mantenga el uso previamente autorizado; establecer deberes a la Oficina de Gerencia y Permisos y a las agencias concernidas disponer reglamentación; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 8.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los fines de establecer que, si una entidad gubernamental o agencia no emite sus recomendaciones dentro de los términos establecidos a la Oficina de Gerencia de Permisos, se entenderá que no tiene recomendaciones ni objeciones al proyecto propuesto; para establecer que dichas recomendaciones no serán vinculantes, y que la determinación de conceder o denegar un permiso se basará en la totalidad del expediente administrativo; para enmendar el Artículo 19.12 de la Ley 161-2009, supra, para disponer la supremacía de dicha Ley; para enmendar el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", a los fines de cumplir con la política pública de agilizar los procesos de permisos, y disponer la obligación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de asesorar, orientar, guiar y apoyar mediante comentarios a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la dependencia gubernamental que la sustituya, y a los municipios concernientes en la toma de decisiones sobre la evaluación de permisos que incidan en la política pública ambiental; así como para disponer que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina de Gerencia de Permisos adopten todas las providencias reglamentarias pertinentes para el cumplimiento de esta Ley; y para otros fines para relacionados.

La medida, Ley 111-2025, enmienda la Ley 161-2009 ('Ley para la Reforma del Proceso de Permisos') para establecer que la falta de respuesta de una agencia gubernamental dentro de los plazos establecidos (15 días para proyectos ministeriales, 30 días para discrecionales) implicará que dicha agencia no tiene objeciones. Además, las recomendaciones de estas agencias ya no serán vinculantes, y la decisión final de otorgar o denegar un permiso recaerá en la totalidad del expediente administrativo. También se modifica la Ley Orgánica del DRNA para que este departamento asesore y guíe a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) y municipios en decisiones ambientales, pero sin que sus recomendaciones sean vinculantes. Afecta directamente a solicitantes de permisos, agencias gubernamentales con rol consultivo, la OGP y el DRNA.

Para enmendar los Artículos 8.4 y 19.12 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; a los fines de establecer que, si una entidad gubernamental o agencia no emite sus recomendaciones dentro de los términos establecidos a la Oficina de Gerencia de Permisos, se entenderá que no tiene recomendaciones ni objeciones al proyecto propuesto; establecer que dichas recomendaciones no serán vinculantes, y que la determinación de conceder o denegar un permiso se basará en la totalidad del expediente administrativo; y para disponer la supremacía de dicha ley; enmendar el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los fines de cumplir con la política pública de agilizar los procesos de permisos, y disponer la obligación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de asesorar, orientar, guiar y apoyar mediante comentarios a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la dependencia gubernamental que la sustituya, y a los municipios concernientes en la toma de decisiones sobre la evaluación de permisos que incidan en la política pública ambiental; así como para disponer que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos adopten todas las providencias reglamentarias pertinentes para el cumplimiento de esta ley; establecer la excepción de procedimientos sobre la Isla Municipio de Culebra, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según enmendada.y para otros fines para relacionados.

La medida, Proyecto de Cámara 1060, enmienda la Ley 161-2009 (Reforma de Permisos) y la Ley 23-1972 (Orgánica del DRNA). Establece que si una agencia no responde a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) dentro de un plazo, se asumirá que no tiene objeciones. Las recomendaciones de otras agencias no serán vinculantes, y la decisión final de un permiso se basará en el expediente completo. También se refuerza el rol del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para asesorar a la OGP y municipios en asuntos ambientales, y se dispone la adopción de reglamentos para su cumplimiento. Se aplica una excepción para Culebra.

“Para enmendar el Artículo 17.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de prohibirle a toda persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones de dicha Ley, contratar con las agencias, departamentos, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, así como con los municipios, por un término de tiempo fijo de diez (10) años, contados a partir de que la sentencia advenga final y firme; crear un denominado “Registro de Personas Naturales o Jurídicas Convictas” por los delitos contenidos en el antes mencionado Artículo 17.01; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley 161-2009 para prohibir que personas naturales o jurídicas que infrinjan sus disposiciones contraten con el gobierno de Puerto Rico (incluyendo agencias, corporaciones e instrumentalidades) y municipios por un término de 10 años tras una sentencia final y firme. Crea un Registro de Personas Naturales o Jurídicas Convictas, y excluye a los convictos de varios registros de proveedores y licitadores gubernamentales por el mismo periodo. La prohibición de contratar también aplicará a contratos vigentes, que deberán ser rescindidos inmediatamente tras la convicción.