PS 1073

Para añadir un inciso (k) al Artículo 33 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la…

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Para añadir un inciso (k) al Artículo 33 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer requisitos de capacidad financiera mínima para licitadores en procesos de evaluación y adjudicación de propuestas relacionadas con la reconstrucción del País, sufragadas total o parcialmente con fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); disponer un mecanismo excepcional para la atención de trabajos o daños ocultos no previsibles que, de no atenderse, provocarían la paralización total de las obras; establecer salvaguardas, certificaciones y procesos de validación por parte de la entidad contratante; extender su aplicabilidad a agencias, corporaciones públicas, municipios y otras entidades cobijadas por el ordenamiento de subastas y contratación pública; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El proyecto habría añadido un inciso (k) al Artículo 33 de la Ley 73-2019, sin eliminar disposiciones . Para competir por contratos de reconstrucción, reparación, rehabilitación o mitigación de infraestructura financiados total o parcialmente por FEMA, exigiría al licitador demostrar capacidad financiera para responder por al menos un 20% adicional del monto de su propuesta. También permitiría al contratista ejecutar trabajos por daños ocultos y solicitar el pago, si se sigue el proceso aplicable y la entidad contratante certifica por escrito la necesidad inmediata, las gestiones para obtener fondos o reembolso y la elegibilidad federal y razonabilidad de costos. El requisito se extendería a agencias, , municipios y otras entidades que utilicen o requieran el Registro Único de Licitadores (RUL); la ASG y las entidades indicadas tendrían hasta 90 días desde la vigencia para adoptar o .

Pros

•El mínimo financiero de 20% permitiría descartar, antes de adjudicar, a licitadores que no demuestren capacidad para responder por contingencias de daños ocultos. Esto podría reducir el riesgo de que el contratista adjudicado no pueda continuar la obra mientras se atienden esos costos.
•Para los proyectos cubiertos, el contratista tendría una vía legal expresa para ejecutar y solicitar pago por trabajos ocultos que podrían paralizar total o sustancialmente la obra, siempre que la entidad certifique su urgencia y se cumplan los requisitos administrativos y federales. La Ley 73-2019 ya regula las compras y los trabajos adicionales, pero este inciso añadiría este mecanismo específico para daños ocultos.

Contras

•El umbral fijo de 20% se aplicaría a todas las propuestas cubiertas, sin ajustarse al tamaño, tipo o riesgo del proyecto. Como es un requisito indispensable de elegibilidad, podría excluir a contratistas con menos acceso a crédito o garantías y reducir la competencia, especialmente en propuestas de menor cuantía.
•El texto no exige que FEMA haya aprobado los fondos adicionales o el reembolso antes de que se ejecuten los trabajos: exige certificar que se gestionan y que los trabajos cumplen criterios federales. Si FEMA luego no los cubre, podría surgir un costo para el Gobierno. El Artículo 38 de la Ley 73-2019 sigue exigiendo obligación de fondos antes de autorizar contratos u órdenes de compra, pero la medida no aclara cómo se coordinaría esa obligación con el mecanismo de pago que crea.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los contratistas con capacidad para acreditar ese respaldo financiero tendrían acceso a los proyectos cubiertos; las entidades contratantes también contarían con una vía específica para atender ciertos daños ocultos sin detener la obra, bajo las condiciones del inciso.
Preocupa a:: Los licitadores que no puedan demostrar capacidad financiera adicional de al menos 20% podrían quedar fuera. Las entidades contratantes y, en último término, el erario podrían asumir costos de trabajos cuyo reembolso federal no esté aprobado.
Quién paga o decide:: El licitador tendría que demostrar la capacidad financiera mediante los mecanismos que acepte el , como estados auditados, crédito o fianzas. La entidad contratante certificará la urgencia y los demás requisitos del trabajo adicional. La ASG, en coordinación con COR3, OGP, Hacienda y otras entidades pertinentes, adoptaría o la reglamentación en 90 días; el proyecto no asigna fondos específicos para esa implementación.

Perspectiva histórica

La medida aborda la gestión de fondos federales de FEMA para la reconstrucción, un tema que se ha vuelto central para la economía de Puerto Rico, como se menciona en el contexto de "Otros" factores económicos. La historia de la isla muestra una dependencia recurrente de fondos externos, desde la industrialización por invitación hasta los incentivos contributivos y la actual inyección de fondos federales para la recuperación de desastres.

En qué va

El proyecto fue el 9 de febrero de 2026 y referido a comisión el 12 de febrero. El 19 de octubre de 2026 su autor lo retiró, por lo que no se convirtió en ley.

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Trámite legislativo

Última acción · 19 de octubre de 2026

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