PS 1099

Para establecer la “Ley para la Conservación, Preservación y Manejo de Evidencia Digital en Investigaciones Criminales en Puerto Rico”; establecer obligaciones a proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y servicios remotos; disponer sobre la retención de datos, órdenes de preservación de evidencia digital, cadena de custodia digital y salvaguardas de confidencialidad, particularmente en casos que involucren menores de edad; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

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Qué propone

La medida crea la "Ley para la Conservación, Preservación y Manejo de Evidencia Digital en Investigaciones Criminales en Puerto Rico". Establece la obligación para proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y remotos de retener datos de tráfico y registros de comunicaciones por un mínimo de 12 y un máximo de 24 meses. Crea mecanismos para órdenes de preservación de evidencia digital, define la cadena de custodia digital y establece salvaguardas de confidencialidad, especialmente en casos que involucren menores de edad. Afecta directamente a proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones, al Departamento de Justicia, al Negociado de la Policía, y a los tribunales en la tramitación de casos criminales.

Pros

•Establece un marco legal uniforme y moderno para la recolección y manejo de evidencia digital, que antes era una laguna normativa, mejorando la efectividad de las investigaciones criminales.
•Define claramente los tipos de datos que los proveedores deben retener (metadatos y datos de tráfico, no contenido de comunicaciones) y los plazos, buscando un balance entre la necesidad investigativa y la privacidad.
•Incorpora salvaguardas específicas para proteger la identidad y privacidad de menores de edad en investigaciones, un grupo vulnerable en el entorno digital.
•Define procedimientos para la cadena de custodia digital y exige la creación de copias forenses y el uso de algoritmos de hash para garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia, lo cual es crucial para su admisibilidad en tribunales.

Contras

•La ley delega la adopción de protocolos técnicos detallados para la recolección, preservación y manejo de evidencia digital al Departamento de Justicia y otras agencias, quienes deberán emitir en 180 días; si esta reglamentación no se promulga a tiempo o no es suficientemente robusta, la implementación efectiva de la ley podría verse comprometida.
•Aunque se mencionan principios de razonabilidad y proporcionalidad, la ley no detalla mecanismos de supervisión o auditoría para asegurar que los proveedores cumplan con la obligación de retención de datos sin imponer cargas excesivas o que las autoridades no excedan los límites de la investigación legítima.

Intereses en juego

Beneficia a:: Las agencias de orden público y el sistema de justicia penal, al dotarlos de herramientas para obtener y manejar evidencia digital de manera más efectiva y admisible en tribunales.
Preocupa a:: Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y remotos, quienes ahora tendrán obligaciones de retención de datos y deberán implementar protocolos de seguridad y cooperación con las autoridades, lo que podría implicar costos operativos.
Quién paga o decide:: El costo de implementación recae en los proveedores de servicios. La final será desarrollada por el Departamento de Justicia, en coordinación con el Negociado de la Policía y el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), bajo la supervisión del poder judicial para la emisión de órdenes.

En qué va

La medida, Proyecto del Senado 1099, fue el 19 de febrero de 2026 y referida a comisión tras su primera lectura en el Senado el 23 de febrero de 2026.

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Trámite legislativo

Última acción · 23 de febrero de 2026

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