Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 10 y añadir los nuevos Artículos 7-A y 11-A de la Ley 40-2014, según enmedada, conocida como Ley de Ciberseguridad…

Contras

• •La medida amplía significativamente el alcance regulatorio a 'operadores de infraestructura crítica o proveedores de servicios esenciales' sin definir claramente los criterios de clasificación o los umbrales de impacto que activan esta aplicabilidad, dejando una amplia discrecionalidad a PRITS para determinar quién está sujeto a estas obligaciones, lo que podría generar ambigüedad y litigios.
• •Aunque se crea el Fondo de Resiliencia Digital, la medida no especifica montos de asignación inicial ni mecanismos de financiamiento concretos más allá de las multas y fuentes genéricas, lo que podría limitar su efectividad si no se asegura una dotación presupuestaria adecuada y sostenida.
• •Las multas administrativas máximas establecidas en $5,000 por incumplimiento, según la Ley 38-2017, podrían ser insuficientes para disuadir a grandes operadores o entidades con recursos significativos, especialmente considerando la criticidad de los servicios que manejan y el potencial daño de un incidente cibernético.
• •La medida delega a PRITS la tarea de establecer mediante reglamento los criterios de clasificación de incidentes, la interacción entre categorías de proveedores, y los términos para la gestión de vulnerabilidades y aplicación de parchos. Si bien esto permite flexibilidad, la ausencia de estos detalles en la ley misma podría retrasar la implementación efectiva o generar vacíos regulatorios hasta que se aprueben dichos reglamentos, los cuales deben ser emitidos en 90 días.