Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 10 y añadir los nuevos Artículos 7-A y 11-A de la Ley 40-2014, según enmedada, conocida como Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de fortalecer el marco jurídico de ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico, reforzar la resiliencia digital y la continuidad de servicios esenciales, ampliar facultades regulatorias y establecer mecanismos de supervisión, notificación y financiamiento; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 6, 9, 12 y 13, añadir un nuevo Artículo 16 y reenumerar los subsiguientes artículos de la Ley 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Techonology Service”; enmendar los artículos 7, 8 y 10 , añadir un nuevo Artículo 11 y reenumerar los subsiguientes artículos de la Ley 40-2024, conocida como “Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; a los fines de fortalecer las facultades de la Puerto Rico Innovation and Technology Service para identificar vulnerabilidades, evaluar la capacidad de respuesta de las entidades gubernamentales y asegurar que estén preparadas para enfrentar posibles ataques cibernéticos; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 825 enmienda la Ley 75-2019 (Ley de PRITS) y la Ley 40-2024 (Ley de Ciberseguridad) para fortalecer las facultades de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). Esto incluye la capacidad de PRITS para identificar vulnerabilidades, evaluar la respuesta de las agencias gubernamentales ante ciberataques, auditar configuraciones tecnológicas, imponer plazos de remediación y suspender sistemas de riesgo. Las agencias deberán presentar planes anuales de tecnología y reportar inventarios detallados, planes de contingencia y evaluaciones de vulnerabilidad a PRITS, mientras que los Oficiales Principales de Informática (CIOs) tendrán responsabilidades específicas de ciberseguridad.

Para enmendar los artículos 1, 2 y 9 de la Ley 40-2024, conocida como “Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; a los fines de establecer que el programa virtual y el curso de educación continua sobre Ciberseguridad dispuesto en la referida ley, incluirá el tema del uso de la inteligencia artificial; realizar enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 40-2024, conocida como la Ley de Ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico, para incluir explícitamente el tema del uso de la inteligencia artificial (IA) en los programas de educación virtual y de educación continua sobre ciberseguridad. El programa virtual informará al público general sobre la ciberseguridad y el uso seguro de la IA, mientras que el curso de educación continua anual será obligatorio para servidores públicos y oficiales de información. La Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) es el organismo principal responsable de implementar estas disposiciones.

Para establecer la “Ley de Transparencia y Supervisión en el Uso de la Inteligencia Artificial en las Reclamaciones de Seguros”; enmendar el Artículo 1.120 y añadir un nuevo Capítulo 55 en la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de instituir la política pública que regirá para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, prevenir decisiones arbitrarias o injustas, mitigar los riesgos inherentes al uso de la inteligencia artificial y a los sesgos algorítmicos y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública en el sistema de seguros de Puerto Rico, durante los procesos de reclamaciones de los consumidores de seguros; y para otros fines relacionados.

La medida establece la Ley de Transparencia y Supervisión en el Uso de la Inteligencia Artificial en las Reclamaciones de Seguros, enmendando el Código de Seguros de Puerto Rico. Prohíbe que las aseguradoras utilicen sistemas automatizados (IA, algoritmos) como única base para denegar, reducir o limitar reclamaciones de seguros. Requiere que toda determinación adversa sea revisada y adoptada por un profesional humano cualificado, quien debe analizar los hechos y la póliza. Afecta a todos los consumidores de seguros en Puerto Rico y a las compañías aseguradoras que operan en la isla.