Para crear el “Registro y Sistema de Certificación de Empresas Propiedad de Mujeres de Puerto Rico”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, con el propósito de establecer un mecanismo uniforme de identificación, certificación y recopilación de datos sobre empresas propiedad de mujeres; promover su participación efectiva en programas de desarrollo económico, iniciativas empresariales y oportunidades de mercado existentes; establecer deberes y responsabilidades para las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico en la utilización de dicha certificación; disponer para la recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre el emprendimiento femenino en Puerto Rico; establecer disposiciones para su reglamentación e implantación con recursos existentes; y para otros fines relacionados.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a fomentar la mentoría empresarial entre mujeres; ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico facilitar la creación de un Programa de Mentoría Empresarial para Mujeres; promover la colaboración con asociaciones empresariales, cámaras de comercio, universidades y otras entidades relacionadas con el desarrollo empresarial; fortalecer las redes de apoyo para empresarias emergentes en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La medida establece la política pública de Puerto Rico para fomentar la mentoría empresarial entre mujeres. Ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) facilitar la creación de una 'Red de Mentoría Empresarial para Mujeres'. Esta red funcionará como un mecanismo de coordinación para conectar empresarias con experiencia con mujeres que inician o expanden negocios, promoviendo la colaboración con entidades públicas, privadas y académicas. La implementación se basa en recursos existentes, sin crear nuevos programas de incentivos ni asignaciones presupuestarias adicionales.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a evaluar y simplificar los procesos administrativos, permisos, licencias y requisitos regulatorios aplicables a empresas propiedad de mujeres; ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico realizar una evaluación integral de los trámites gubernamentales que inciden en la creación y operación de dichas empresas; requerir la identificación de redundancias regulatorias y oportunidades para la simplificación y digitalización de procesos administrativos; disponer para la preparación de recomendaciones dirigidas a reducir barreras burocráticas que afectan el emprendimiento femenino en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta medida establece la política pública de Puerto Rico para evaluar y simplificar los procesos administrativos, permisos, licencias y requisitos regulatorios aplicables a empresas propiedad de mujeres. Ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a realizar una evaluación integral de estos trámites, identificar redundancias y oportunidades de digitalización, y preparar recomendaciones para reducir barreras burocráticas. La ley no crea nuevos programas de incentivos ni asignaciones presupuestarias adicionales, sino que se enfoca en la revisión de procesos existentes.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a evaluar periódicamente el estado del emprendimiento femenino en la isla; crear el Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; ordenar la preparación de un Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico cada tres (3) años; disponer para la elaboración del Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico; establecer el análisis de factores relacionados con el acceso a financiamiento, la participación sectorial, las barreras regulatorias y las oportunidades de crecimiento empresarial para mujeres; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1124 propone establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico para evaluar periódicamente el emprendimiento femenino. Crea el Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Ordena la preparación de un Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres cada tres años y el desarrollo de un Índice de Emprendimiento Femenino, analizando factores como acceso a financiamiento y barreras regulatorias. Afecta directamente al DDEC y a futuras políticas públicas dirigidas a mujeres empresarias.

Para enmendar los Artículo 1, 2, 3, 4, 8 y 10 de la Ley 81-2018, conocida como “Ley del Maletín Empresarial para la Mujer”, a los fines de cambiar su título; establecer como política pública el impulso al desarrollo empresarial de la mujer en sectores estratégicos de la economía; crear el “Programa para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; ampliar su alcance a las industrias cobijadas bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 81-2018, conocida como 'Ley del Maletín Empresarial para la Mujer', para cambiar su título a 'Ley para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer'. Amplía el alcance del programa para incluir industrias cobijadas por el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019), así como los sectores de construcción, recuperación de desastres y resiliencia. Crea formalmente el 'Programa para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer' adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que ofrecerá servicios integrados y una plataforma digital complementada por atención presencial. Afecta principalmente a mujeres emprendedoras y al DDEC.

Para crear la “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción Mujeres”, con el propósito de establecer como la política pública del Gobierno de Puerto Rico que, en cuanto a la compra y contratación de Servicios de Construcción, se reservará al menos un cinco por ciento (5%) de dichas compras y contrataciones para servicios rendidos por un Negocio Local o Proveedor Local de Servicios de Construcción, en los cuales al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de la empresa es propiedad de una o varias mujeres residentes de Puerto Rico o la dirección general de la empresa del día a día, se encuentra a cargo de una mujer que cumpla con el requisito de residencia, y que la titularidad y control ha sido verificado por la Administración de Servicios Generales; enmendar el Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, con el propósito de asegurar que, todo proceso de compra, la Administración de Servicios Generales cumplirá cabalmente con la política preferencia dispuesta en esta Ley; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 179 propone crear la 'Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción Mujeres'. Establece como política pública que al menos el 5% de las compras y contrataciones gubernamentales de servicios de construcción se reservarán para negocios locales donde al menos el 51% de la propiedad pertenezca a mujeres residentes en Puerto Rico, o donde una mujer residente dirija la operación diaria. La Administración de Servicios Generales (ASG) verificará la titularidad y control de estas empresas. La medida enmienda el Artículo 37 de la Ley 73-2019 para integrar esta política de preferencia en los procesos de compra gubernamental.