Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a evaluar periódicamente el estado del emprendimiento femenino en la isla; crear el Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; ordenar la preparación de un Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico cada tres (3) años; disponer para la elaboración del Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico; establecer el análisis de factores relacionados con el acceso a financiamiento, la participación sectorial, las barreras regulatorias y las oportunidades de crecimiento empresarial para mujeres; y para otros fines relacionados.

Para crear el “Registro y Sistema de Certificación de Empresas Propiedad de Mujeres de Puerto Rico”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, con el propósito de establecer un mecanismo uniforme de identificación, certificación y recopilación de datos sobre empresas propiedad de mujeres; promover su participación efectiva en programas de desarrollo económico, iniciativas empresariales y oportunidades de mercado existentes; establecer deberes y responsabilidades para las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico en la utilización de dicha certificación; disponer para la recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre el emprendimiento femenino en Puerto Rico; establecer disposiciones para su reglamentación e implantación con recursos existentes; y para otros fines relacionados.

La medida crea el Registro y Sistema de Certificación de Empresas Propiedad de Mujeres de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Establece un mecanismo uniforme para identificar, certificar y recopilar datos sobre empresas donde mujeres poseen al menos el 51% de la titularidad y ejercen control sustancial. Busca promover su participación en programas de desarrollo económico y generar estadísticas oficiales, utilizando recursos existentes y con reglamentación a cargo del DDEC.

Para enmendar los Artículo 1, 2, 3, 4, 8 y 10 de la Ley 81-2018, conocida como “Ley del Maletín Empresarial para la Mujer”, a los fines de cambiar su título; establecer como política pública el impulso al desarrollo empresarial de la mujer en sectores estratégicos de la economía; crear el “Programa para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; ampliar su alcance a las industrias cobijadas bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 81-2018, conocida como la Ley del Maletín Empresarial para la Mujer, para cambiar su título y establecer como política pública el impulso al desarrollo empresarial de la mujer en sectores económicos estratégicos. Crea el "Programa para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer" adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Amplía el alcance de la ley original para cobijar industrias bajo la Ley 60-2019, el Código de Incentivos de Puerto Rico, buscando así integrar y fortalecer la participación femenina en sectores económicos clave.

Para crear la “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción Mujeres”, con el propósito de establecer como la política pública del Gobierno de Puerto Rico que, en cuanto a la compra y contratación de Servicios de Construcción, se reservará al menos un cinco por ciento (5%) de dichas compras y contrataciones para servicios rendidos por un Negocio Local o Proveedor Local de Servicios de Construcción, en los cuales al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de la empresa es propiedad de una o varias mujeres residentes de Puerto Rico o la dirección general de la empresa del día a día, se encuentra a cargo de una mujer que cumpla con el requisito de residencia, y que la titularidad y control ha sido verificado por la Administración de Servicios Generales; enmendar el Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, con el propósito de asegurar que, todo proceso de compra, la Administración de Servicios Generales cumplirá cabalmente con la política preferencia dispuesta en esta Ley; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción Mujeres. Establece que al menos el 5% de las compras y contrataciones de servicios de construcción del Gobierno de Puerto Rico se reservarán para negocios o proveedores locales donde al menos el 51% de la propiedad pertenezca a mujeres residentes, y que estas mujeres controlen la dirección general de la empresa. La Administración de Servicios Generales (ASG) verificará la titularidad y control, y actuará como comprador único para asegurar el cumplimiento de esta política de preferencia, enmendando la Ley 73-2019.