Para establecer la “Ley para Simplificar el Sistema de Permisos de Puerto Rico” a los fines de declarar como política pública que los procesos que rigen la emisión de permisos sean sencillos, de suerte que impulsen el desarrollo y el disfrute de la propiedad, sin desplazar nuestra responsabilidad de proteger nuestros recursos naturales; sustituir el Permiso Único por el Registro de Uso, el cual tendrá un carácter declarativo y se regirá por la Intensidad del Uso Propuesto, así como simplificar los permisos de construcción con la creación de Permiso de Construcción Integrado; enmendar los artículos 1.5, 2.3, 2.7, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4B, 9.6, 9.9, 9.12 y eliminar el actual artículo 8.4A, de la la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, ordenar reglamenatación aplicable y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 8.4A y añadir, inmediatamente después del mismo, los nuevos Artículos 8.4A-1, 8.4A-2, 8.4A-3 y 8.4A-4 a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de optimizar el Permiso Único Incidental Operacional como un trámite accesorio verdaderamente expedito; establecer su naturaleza accesoria y limitada respecto al permiso o autorización matriz; disponer listas taxativas o delimitadas de supuestos elegibles; prohibir la reapertura o reexamen de asuntos ya adjudicados o satisfechos mediante el permiso principal, salvo circunstancias excepcionales; autorizar, como regla general, su evaluación y expedición por Profesionales Autorizados en los casos que cumplan con los criterios establecidos por ley y reglamento; disponer para términos abreviados, documentación estandarizada e integración obligatoria al Sistema Unificado de Información o Single Business Portal; permitir que la Autorización para Corte, Poda o Trasplante de Árboles pueda solicitarse junto al permiso de construcción cuando proceda; establecer mecanismos de cierre formal simplificado; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1156 enmienda la Ley 161-2009 para optimizar el Permiso Único Incidental Operacional (PUIO) como un trámite accesorio y expedito. Establece su naturaleza limitada respecto al permiso matriz, define supuestos elegibles mediante listas taxativas o delimitadas, y prohíbe reabrir asuntos ya adjudicados, salvo excepciones. Autoriza su evaluación y expedición por Profesionales Autorizados bajo un carril 'cuasi automático' para casos que cumplan criterios, con términos abreviados e integración al Sistema Unificado de Información, afectando a solicitantes de permisos de construcción y negocios.

Para enmendar el Artículo 8.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los fines de establecer que, si una entidad gubernamental o agencia no emite sus recomendaciones dentro de los términos establecidos a la Oficina de Gerencia de Permisos, se entenderá que no tiene recomendaciones ni objeciones al proyecto propuesto; para establecer que dichas recomendaciones no serán vinculantes, y que la determinación de conceder o denegar un permiso se basará en la totalidad del expediente administrativo; para enmendar el Artículo 19.12 de la Ley 161-2009, supra, para disponer la supremacía de dicha Ley; para enmendar el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", a los fines de cumplir con la política pública de agilizar los procesos de permisos, y disponer la obligación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de asesorar, orientar, guiar y apoyar mediante comentarios a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la dependencia gubernamental que la sustituya, y a los municipios concernientes en la toma de decisiones sobre la evaluación de permisos que incidan en la política pública ambiental; así como para disponer que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina de Gerencia de Permisos adopten todas las providencias reglamentarias pertinentes para el cumplimiento de esta Ley; y para otros fines para relacionados.

La medida, Ley 111-2025, enmienda la Ley 161-2009 ('Ley para la Reforma del Proceso de Permisos') para establecer que la falta de respuesta de una agencia gubernamental dentro de los plazos establecidos (15 días para proyectos ministeriales, 30 días para discrecionales) implicará que dicha agencia no tiene objeciones. Además, las recomendaciones de estas agencias ya no serán vinculantes, y la decisión final de otorgar o denegar un permiso recaerá en la totalidad del expediente administrativo. También se modifica la Ley Orgánica del DRNA para que este departamento asesore y guíe a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) y municipios en decisiones ambientales, pero sin que sus recomendaciones sean vinculantes. Afecta directamente a solicitantes de permisos, agencias gubernamentales con rol consultivo, la OGP y el DRNA.

“Para enmendar el Artículo 17.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de prohibirle a toda persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones de dicha Ley, contratar con las agencias, departamentos, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, así como con los municipios, por un término de tiempo fijo de diez (10) años, contados a partir de que la sentencia advenga final y firme; crear un denominado “Registro de Personas Naturales o Jurídicas Convictas” por los delitos contenidos en el antes mencionado Artículo 17.01; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley 161-2009 para prohibir que personas naturales o jurídicas que infrinjan sus disposiciones contraten con el gobierno de Puerto Rico (incluyendo agencias, corporaciones e instrumentalidades) y municipios por un término de 10 años tras una sentencia final y firme. Crea un Registro de Personas Naturales o Jurídicas Convictas, y excluye a los convictos de varios registros de proveedores y licitadores gubernamentales por el mismo periodo. La prohibición de contratar también aplicará a contratos vigentes, que deberán ser rescindidos inmediatamente tras la convicción.