“Para establecer la “Ley de Atención durante Declaraciones de Emergencias de Salud o Epidemias de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que, ante una declaración de emergencia decretada en Puerto Rico, por motivos de salud o epidemia, todo cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico y tratamientos para combatir esta, serán ofrecidos sin costo alguno para la ciudadanía; enmendar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 43-2020, conocida como “Ley para Combatir el COVID-19”, a los fines de atemperarla con las disposiciones de esta Ley; facultar al Gobernador de Puerto Rico a modificar los beneficios a los que se hace referencia en los artículos 2, 3 y 4 de esta Ley; derogar la Ley Núm. 157 de 10 de mayo de 1938; y para otros fines relacionados.”

Para crear la “Ley de la Reforma Médica para la Eficiencia, Salud y Agilidad”, a los fines de crear eficiencia, transparencia y agilidad en la operación del sistema de salud de Puerto Rico mediante la regulación del proceso de reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras o planes médicos, tanto en la esfera privada como bajo el Plan Vital; para crear el Fondo REMESA; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley REMESA, que regula el proceso de reclamaciones entre proveedores de servicios de salud y aseguradoras (privadas y Plan Vital). Establece plazos estrictos para la adjudicación (15 días) y pago (24 horas) de reclamaciones electrónicas, con penalidades por atraso (intereses del 0.5% diario). Crea el Fondo REMESA, financiado con 5-10% del Plan Vital, para estabilización hospitalaria, retención de personal y repago de préstamos a subespecialistas. También agiliza la credencialización de proveedores a 60 días y permite la apertura de redes por el Secretario de Salud si el acceso está comprometido.

Para enmendar el inciso (3) de la Sección 18 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” a fin de prohibir que algún proveedor participante o su agente establezca segregación de beneficiarios mediante la implantación de un protocolo de itinerarios y fechas para citas o consultas distinto para asegurados bajo planes privados, que limiten o reduzcan la prestación de servicios contratados a los beneficiarios del Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para otros fines

La medida, Proyecto de la Cámara 780, propone enmendar el inciso (3) de la Sección 18 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 1993 (Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico). Su objetivo es prohibir que proveedores de servicios de salud o sus agentes establezcan protocolos de citas o itinerarios distintos para asegurados de planes privados que limiten o reduzcan la prestación de servicios a beneficiarios del Plan de Salud del Estado Libre Asociado (PSL). Esto busca asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud contratados para todos los beneficiarios, independientemente de su plan de seguro.

“Para enmendar los Artículos 6, 10 y 12, y añadir un nuevo Artículo 11, a la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”; añadir un nuevo inciso (y) y reenumerar los actuales incisos (y) al (hh) de la Sección 1 del Artículo III como incisos (z) al (ii), respectivamente, enmendar la Sección 2 del Artículo IV y las Secciones 4, 6, 15 y 18 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, denominada “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 2 y reenumerar los actuales incisos (l) al (v) como incisos (m) al (w), respectivamente, añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 5, enmendar el inciso (b) del Artículo 8, enmendar el inciso (e) del Artículo 9, enmendar el Artículo 10 y añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 12 de la Ley 194-2000, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; enmendar el Artículo 2 y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, denominada “Ley de Facilidades de Salud”, con el fin de reformar elementos esenciales del sistema de salud de Puerto Rico para extender protecciones y derechos adicionales a las personas con diversidad funcional en su interacción con las proveedoras de servicios de salud, las organizaciones de seguros de salud, y las agencias gubernamentales que reglamentan o canalizan dichos servicios; y para establecer otras disposiciones complementarias.”

La medida propone reformar aspectos esenciales del sistema de salud de Puerto Rico mediante enmiendas a varias leyes clave: la Ley Orgánica del Departamento de Salud (Ley 81-1912), la Ley de la Administración de Seguros de Salud (Ley 72-1993), la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente (Ley 194-2000) y la Ley de Facilidades de Salud (Ley 101-1965). El objetivo principal es extender protecciones y derechos adicionales a las personas con diversidad funcional en su interacción con proveedores de servicios de salud, aseguradoras y agencias gubernamentales relacionadas. Busca incorporar un lenguaje más inclusivo y compasivo, reemplazando términos como 'discapacidad' o 'impedimento' por 'diversidad funcional', y estableciendo la necesidad de 'acomodos razonables' para garantizar el acceso a servicios médicos dignos y libres de discrimen.