Para añadir un nuevo inciso (dd) al Artículo 5 de la Ley 83-2025, según enmendada, conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de requerir el desarrollo e implementación de campañas educativas sobre las consecuencias legales de las denuncias falsas, incluyendo aquellas realizadas mediante inteligencia artificial; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, específicamente para añadir los incisos (jj) y (kk) al Artículo 14; crear el Título VII con Capítulo Único e incluir los Artículos 310 al 317; y añadir el inciso (k) al Artículo 64, en busca de prevenir y penalizar el uso malicioso de inteligencia artificial"

La medida PS 870 enmienda el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para definir 'Inteligencia Artificial' (IA) y 'Uso malicioso de IA'. Crea un nuevo Título VII con varios artículos (310 al 317) para tipificar delitos relacionados con el uso indebido de IA, como el uso no autorizado de imagen o atributos personales con fines comerciales, estableciendo penas de reclusión y multas. Afecta a personas que utilicen IA de forma maliciosa y a las víctimas de dichos usos, buscando prevenir y penalizar estas conductas.

ara añadir un nuevo Artículo 268A a la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según emendada, y conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de clasificar como conducta delictiva el que toda persona que mediante el uso de inteligencia artificial produzca imágenes, audios, videos y/o documentos con intención de engañar a las personas o funcionarios con autoridad en ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal, así como engañar con información producto del uso de inteligencia artificial a cualquier funcionario en funciones del Gobierno de Puerto Rico, incurrirá en delito menos grave; así como si el hecho producido con inteligencia artificial es uno que constituye delito grave, la persona incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone añadir un nuevo Artículo 268A al Código Penal de Puerto Rico para clasificar como delito el uso de inteligencia artificial (IA) para producir imágenes, audios, videos o documentos con la intención de engañar a funcionarios públicos o a personas con autoridad en investigaciones criminales. La sanción varía: será un delito menos grave si el engaño inducido sería menor, y un delito grave con pena fija de tres (3) años de reclusión si el engaño inducido sería grave. Afecta a cualquier persona que cree y utilice dicho contenido falso con fines de engaño contra el gobierno.

Para añadir un nuevo Artículo 12.27 a la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, a los fines de regular la difusión de medios sintéticos materialmente engañosos en comunicaciones electorales; requerir divulgación clara cuando anuncios o comunicaciones político-electorales contengan contenido generado o alterado sustancialmente mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas análogas; prohibir, dentro de períodos electorales determinados, la creación o difusión maliciosa o engañosa de medios sintéticos dirigidos a influir en el resultado de una elección o a perjudicar a un candidato, aspirante, partido o proceso electoral; establecer un procedimiento expedito de querellas ante la Comisión Estatal de Elecciones y remedios judiciales en equidad; disponer sanciones administrativas; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1154 propone añadir un nuevo Artículo 12.27 a la Ley Electoral de Puerto Rico de 2020 para regular la difusión de medios sintéticos (imágenes, audios, videos generados o alterados por IA u otras tecnologías análogas) en comunicaciones electorales. Requiere divulgación clara cuando dicho contenido se use y prohíbe la creación o difusión maliciosa o engañosa de medios sintéticos durante períodos electorales protegidos (90 días antes de elecciones o inicio de votación temprana), si se hace con intención de influir en resultados o perjudicar candidaturas, o con conocimiento de su naturaleza engañosa. Establece un procedimiento expedito de querellas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y remedios judiciales en equidad, además de sanciones administrativas de $1,000 a $5,000 por infracción. Afecta a cualquier persona o entidad que difunda comunicaciones político-electorales, incluyendo candidatos, partidos y anunciantes.