Para añadir unos nuevos artículos 8, 9, 10 y 11, y reenumerar los actuales artículos del 8 al 17, como los artículos del 12 al 21, respectivamente, en la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, con el fin establecer los requisitos que deben cumplirse para poder obtener una licencia de navegación en Puerto Rico; establecer excepciones; implementar un sistema de categorías en la otorgación de las mismas para operadores de embarcaciones, naves, o vehículos de navegación, según los pies de eslora de cada una; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (11) al Artículo 9 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender, de manera temporera, la vigencia del marbete o autorización de navegación de embarcaciones documentadas por el gobierno federal, en aquellos casos en que las agencias federales competentes no puedan emitir o renovar los certificados requeridos por razones ajenas al control del propietario; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1012 enmienda la Ley 430-2000, conocida como Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico, para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a extender, de manera temporera (hasta 90 días o la duración de la interrupción), la vigencia de los marbetes o autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas federalmente. Esto aplicará cuando agencias federales competentes no puedan emitir o renovar certificados de documentación por causas ajenas al control del propietario, como cierres de gobierno o desastres naturales. La medida afecta a propietarios de embarcaciones federales y al DRNA.

Para enmendar los subincisos (g) y (h) del inciso 10 del Artículo 7 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico", a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

La medida, Ley 140-2025, enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 430-2000) para alinear las clasificaciones y penas de sus delitos con las establecidas en el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012). Específicamente, modifica los subincisos (g) y (h) del inciso 10 del Artículo 7 de la Ley 430-2000. El propósito es modernizar el sistema de sanciones para infracciones acuáticas, facilitando su aplicación y consistencia con el marco penal general del país. Afecta principalmente a infractores de las normas de navegación y a las agencias encargadas de su aplicación y fiscalización.

Para enmendar los incisos 9 y 10 del Artículo 7 de la Ley Núm. 430-2000, según enmendada conocida como "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico"; para establecer que las personas de dieciocho (18) a veinte (20) años de edad no podrán operar una embarcación o vehículo de navegación cuando el contenido del alcohol en la sangre sea de dos centésimas del uno por ciento (0.02%); aclarar que el ocho centésimas del uno por ciento (0.08 % ) es aplicable a personas mayores de veintiún (21) años; prohibir que un empleado o funcionario público opere o haga funcionar una embarcaci6n o vehículo de navegación, propiedad del Gobierno de Puerto Rico, con cualquier cantidad de alcohol en su sangre; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico para establecer un límite de contenido de alcohol en sangre (BAC) de 0.02% para operadores de embarcaciones de 18 a 20 años, alineándolo con la ley de tránsito. Aclara que el límite de 0.08% aplica a mayores de 21 años y prohíbe a empleados públicos operar embarcaciones gubernamentales con cualquier cantidad de alcohol en sangre. Afecta directamente a los operadores de embarcaciones en estas franjas de edad y a los funcionarios públicos que manejan activos marítimos del gobierno.