Qué propone
La medida, Ley 140-2025, la Ley 430-2000 (Ley de Navegación y Seguridad Acuática) para armonizar las penalidades de dos delitos específicos con el sistema de penas del Código Penal de Puerto Rico de 2012 (Ley 146-2012). Específicamente, modifica las sanciones por causar lesiones corporales que no dejan daño permanente pero requieren atención médica, y por causar la muerte, al operar una embarcación o vehículo de navegación. Afecta a personas que cometan estas infracciones y al sistema de justicia penal.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Ley 140-2025 fue el 25 de agosto de 2025 y por la Cámara el 23 de octubre de 2025, siendo firmada por la Gobernadora el 5 de noviembre de 2025. La medida la Ley 430-2000 para alinear sus penalidades con el Código Penal de 2012.
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Última acción · 5 de diciembre de 2025
Ley 140-2025
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (24)
En contra (1)
A favor (47)
A favor (26)
En contra (2)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para añadir unos nuevos artículos 8, 9, 10 y 11, y reenumerar los actuales artículos del 8 al 17, como los artículos del 12 al 21, respectivamente, en la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, con el fin establecer los requisitos que deben cumplirse para poder obtener una licencia de navegación en Puerto Rico; establecer excepciones; implementar un sistema de categorías en la otorgación de las mismas para operadores de embarcaciones, naves, o vehículos de navegación, según los pies de eslora de cada una; y para otros fines relacionados.
La medida PS 1240 enmienda la Ley 430-2000, 'Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico', para añadir nuevos artículos que establecen requisitos específicos para obtener una licencia de navegación. Introduce un sistema de clasificación de licencias por eslora de embarcación (Jet-Ski, 7-50 pies, 50 pies en adelante) y exige un examen práctico, además de un curso de seguridad aprobado, para todos los operadores. Afecta directamente a cualquier persona que desee operar una embarcación en aguas de Puerto Rico, así como al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en su rol de otorgar y fiscalizar estas licencias.
Para añadir un nuevo inciso (11) al Artículo 9 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender, de manera temporera, la vigencia del marbete o autorización de navegación de embarcaciones documentadas por el Gobierno Federal, en aquellos casos en que las agencias federales competentes no puedan emitir o renovar los certificados requeridos por razones ajenas al control del propietario; y para otros fines relacionados.
La Ley 170-2026 enmienda la Ley 430-2000 para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a extender temporalmente la vigencia de los marbetes o autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas por el Gobierno Federal. Esta extensión, limitada a 90 días o la duración de la interrupción, aplica cuando agencias federales no pueden emitir o renovar certificados requeridos por causas ajenas al control del propietario, como cierres gubernamentales o desastres naturales. Afecta directamente a los propietarios de estas embarcaciones y al DRNA.
Para añadir un inciso (12) al Articulo 7 de la Ley 430-200O denominada "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico", con el propósito de delinear los protocolos de rescate para náufragos en alta mar y en áreas costeras de Puerto Rico para ser cumplidos por las autoridades estatales; y para establecer otras disposiciones complementarias.
El Proyecto del Senado 226 buscaba añadir un inciso (12) al Artículo 7 de la Ley 430-2000, conocida como la 'Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico'. El propósito era establecer protocolos de rescate para náufragos en alta mar y áreas costeras, a ser cumplidos por las autoridades estatales, principalmente en el contexto de la migración no autorizada. La medida afectaría directamente la actuación de agencias como Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y la Policía de Puerto Rico en operaciones de rescate marítimo.
Para enmendar los incisos 9 y 10 del Artículo 7 de la Ley Núm. 430-2000, según enmendada conocida como "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico"; para establecer que las personas de dieciocho (18) a veinte (20) años de edad no podrán operar una embarcación o vehículo de navegación cuando el contenido del alcohol en la sangre sea de dos centésimas del uno por ciento (0.02%); aclarar que el ocho centésimas del uno por ciento (0.08 % ) es aplicable a personas mayores de veintiún (21) años; prohibir que un empleado o funcionario público opere o haga funcionar una embarcación o vehículo de navegación, propiedad del Gobierno de Puerto Rico, con cualquier cantidad de alcohol en su sangre; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 430-2000) para armonizar los límites de contenido de alcohol en sangre para operadores de embarcaciones con la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000). Establece un límite de 0.02% para personas de 18 a 20 años y mantiene el 0.08% para mayores de 21. Adicionalmente, prohíbe a empleados públicos operar embarcaciones del gobierno con cualquier cantidad de alcohol en sangre. Afecta a todos los operadores de embarcaciones y específicamente a jóvenes entre 18 y 20 años, así como a funcionarios públicos.
Para añadir un inciso (12) al Articulo 7 de la Ley 430-2000 denominada "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico", con el propósito de delinear los protocolos de rescate para naufragos en alta mar y en áreas costeras de Puerto Rico para ser cumplidos por las autoridades estatales; y para establecer otras disposiciones complementarias.
El Proyecto del Senado 227 buscaba añadir un inciso (12) al Artículo 7 de la Ley 430-2000, Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico. Su propósito era establecer protocolos de rescate para náufragos en alta mar y áreas costeras, a ser cumplidos por autoridades estatales. La medida, sin embargo, fue rechazada por la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado.
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