Para enmendar los incisos 9 y 10 del Artículo 7 de la Ley Núm. 430-2000, según enmendada conocida como "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico"; para establecer que las personas de dieciocho (18) a veinte (20) años de edad no podrán operar una embarcación o vehículo de navegación cuando el contenido del alcohol en la sangre sea de dos centésimas del uno por ciento (0.02%); aclarar que el ocho centésimas del uno por ciento (0.08 % ) es aplicable a personas mayores de veintiún (21) años; prohibir que un empleado o funcionario público opere o haga funcionar una embarcación o vehículo de navegación, propiedad del Gobierno de Puerto Rico, con cualquier cantidad de alcohol en su sangre; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Ley 41-2026 los incisos 9 y 10 del Artículo 7 de la Ley 430-2000 y añade los subincisos (p), (q) y (r). Prohíbe operar una embarcación o vehículo de navegación con 0.02% o más de alcohol a personas de 18 a 20 años, y con 0.08% o más a personas de 21 años o más; también prohíbe cualquier cantidad de alcohol a empleados o funcionarios públicos que operen vehículos de navegación propiedad del Gobierno. En procesos criminales establece presunciones de intoxicación para esos umbrales y una presunción concluyente de no intoxicación bajo el umbral inferior; para personas de 18 a 20 años, el inciso 10(c)(3) escribe en palabras 0.02%, pero imprime 0.2%. Ordena al DRNA y a las demás agencias e instrumentalidades adoptar la necesaria y rige inmediatamente después de su aprobación.
Pros
Contras
Intereses en juego
Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe
La comisión precisó que se añaden los subincisos (p), (q) y (r) al inciso 9 y se amplían las presunciones del inciso 10(c) con reglas separadas por edad.
En qué va
El Senado aprobó el proyecto con el 12 de febrero de 2026 y la Cámara concurrió el 23 de febrero; se convirtió en la Ley 41-2026 al firmarse el 10 de marzo, con vigencia inmediata. Los informes de las comisiones de Recursos Naturales y de Seguridad Pública recomendaron aprobarla; el DRNA respaldó los umbrales para jóvenes y el DSP pidió cero tolerancia para empleados, regla que aparece en el texto final.
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Última acción · 10 de marzo de 2026
Ley 41-2026
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para añadir un inciso (12) al Artículo 7 y enmendar los incisos (3), (5) y (6) del Artículo 9 de la Ley Núm. 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a fin de disponer la obligación de todo propietario de una embarcación de poseer un seguro de responsabilidad sobre la misma; establecer el requisito de certificar la adquisición de dicho seguro de embarcación previo a la expedición y renovación del marbete; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 430-2000) para exigir que todo propietario de una embarcación posea un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de $50,000 por incidente. La adquisición y vigencia de este seguro se convierte en un requisito indispensable para la expedición y renovación del marbete anual de la embarcación, afectando a todos los dueños de embarcaciones registradas en Puerto Rico. Operar una embarcación sin este seguro constituye un delito menos grave, sujeto a multas.
Para enmendar los subincisos (g) y (h) del inciso 10 del Artículo 7 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico", a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.
La Ley 140-2025 enmienda los subincisos (g) y (h) del inciso 10 del Artículo 7 de la Ley de Navegación y Seguridad Acuática. En el inciso (g), causar al operar una embarcación o vehículo de navegación una lesión no permanente que requiera atención médica, ayuda profesional especializada o tratamiento ambulatorio se clasifica como delito grave, con pena fija de reclusión de tres años. El inciso (h) dispone que, si la operación causa la muerte de una persona, se presente acusación conforme al Código Penal. La medida afecta a quienes operan esos medios de navegación y a las personas lesionadas, y entró en vigor inmediatamente tras su aprobación.
Para añadir unos nuevos artículos 8, 9, 10 y 11, y reenumerar los actuales artículos del 8 al 17, como los artículos del 12 al 21, respectivamente, en la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, con el fin establecer los requisitos que deben cumplirse para poder obtener una licencia de navegación en Puerto Rico; establecer excepciones; implementar un sistema de categorías en la otorgación de las mismas para operadores de embarcaciones, naves, o vehículos de navegación, según los pies de eslora de cada una; y para otros fines relacionados.
La medida PS 1240 enmienda la Ley 430-2000, 'Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico', para añadir nuevos artículos que establecen requisitos específicos para obtener una licencia de navegación. Introduce un sistema de clasificación de licencias por eslora de embarcación (Jet-Ski, 7-50 pies, 50 pies en adelante) y exige un examen práctico, además de un curso de seguridad aprobado, para todos los operadores. Afecta directamente a cualquier persona que desee operar una embarcación en aguas de Puerto Rico, así como al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en su rol de otorgar y fiscalizar estas licencias.
Para enmendar los artículos 9 y 15, añadir un nuevo Artículo 16, y reenumerar los actuales artículos 16 y 17, como los artículos 18 y 19, respectivamente, en la Ley 430- 2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de enmendar las tarifas establecidas a pagar por los derechos anuales por embarcaciones, naves, vehículos de navegación y vehículos de campo traviesa; establecer el funcionamiento de un fondo especial exclusivo para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y disponer la forma y manera en que el dinero recaudado que se ingrese a este fondo sea utilizado; disponer una cláusula de revisión automática de tarifas cada 5 años; y para otros fines relacionados.
La medida enmienda la Ley 430-2000, Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico, para aumentar las tarifas anuales por registro de embarcaciones y vehículos de navegación, crear un Fondo Especial exclusivo para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) destinado a la protección ambiental y fiscalización, e implementar una revisión automática de tarifas cada cinco años. Afecta a propietarios de embarcaciones, vehículos de navegación, vehículos de campo traviesa, y al DRNA.
Para añadir un nuevo inciso (11) al Artículo 9 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender, de manera temporera, la vigencia del marbete o autorización de navegación de embarcaciones documentadas por el Gobierno Federal, en aquellos casos en que las agencias federales competentes no puedan emitir o renovar los certificados requeridos por razones ajenas al control del propietario; y para otros fines relacionados.
La Ley 170-2026 añade el inciso 11 al Artículo 9 de la Ley 430-2000 y faculta al Secretario del DRNA a extender temporalmente el marbete o la autorización de navegación de embarcaciones documentadas por el Gobierno Federal cuando la agencia federal no pueda emitir o renovar el certificado requerido por una causa ajena al propietario. La extensión puede durar hasta 90 días o hasta que termine la interrupción, lo que ocurra primero; el propietario debe acreditar que solicitó oportunamente la renovación o presentar una comunicación oficial sobre el impedimento o atraso. Cuando se restablezcan los servicios federales, debe entregar el certificado actualizado dentro de 30 días para mantener vigente el marbete. El Secretario puede fijar los criterios y las pruebas aceptables mediante orden administrativa, carta circular o reglamento; la ley no elimina los demás requisitos de navegación ni las multas generales.
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