Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 25 del 25 de septiembre de 1983, conocida como la “Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-escolares y Estudiantes en el Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de incluir la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) como vacuna requerida para la admisión y matrícula en escuelas, centros de cuidado diurno y centros de tratamiento social en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”; enmendar el artículo 5 de la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983, según enmendada, conocida como la “Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para que se reconozca que la excepción por libertad religiosa no podrá ser dejada sin efecto a menos que medie el consentimiento informado de los padres; que las protecciones constitucionales de libertad religiosa no serán condicionadas a recibir ayuda estatal o federal para cursar estudios en las escuelas o colegios privados de Puerto Rico; que el estado no podrá imponer sanciones que incluyan multas o cárcel a ningún padre, madre o tutor(a) legal que, a base de su libertad religiosa decida no vacunar a sus hijos(as); para añadir un nuevo artículo 5a a la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983, según enmendada, para que se requiera que en el proceso de vacunación de todo estudiante a ser admitido(a) o matriculado(a) en una escuela o Centro de Tratamiento Social, se le provea al padre, madre o tutor(a) legal la data que contenga los compuestos de cada una de las vacunas, los beneficios, los efectos secundarios y efectos adversos a corto, mediano y largo plazo para que el padre, madre o tutor(a) legal pueda decidir qué vacuna o vacunas su hijo(a) va a recibir y para otros asuntos relacionados; derogar la Ley 95-2024, denominada como la “Ley de Libertad Religiosa de los Estudiantes del Sistema Público de Enseñanza”; y para otros fines relacionados.

La Ley 14-2025, titulada 'Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico', enmienda la Ley de Inmunizaciones Compulsorias (Ley 25 de 1983) para que la excepción por libertad religiosa en vacunas no pueda ser revocada sin consentimiento informado de los padres. Establece que las protecciones de libertad religiosa no se condicionarán a recibir ayuda estatal o federal en colegios privados. Prohíbe sanciones como multas o cárcel a padres que por motivos religiosos decidan no vacunar a sus hijos. Añade un artículo que exige proveer información detallada sobre vacunas a padres antes de la vacunación de estudiantes en escuelas o centros de tratamiento social. Deroga la Ley 95-2024.

Para crear la “Ley para la Inmunización de jóvenes de dieciocho (18) años en adelante” con el propósito de reconocer el derecho y la capacidad de los jóvenes de dieciocho (18) años en adelante a recibir servicios médicos relacionados a orientaciones, consultas y consentimiento para la administración de vacunas sin el requerimiento de estar acompañados o autorizados por sus padres, tutores o encargados; y para otros fines relacionados.

La medida crea la 'Ley para la Inmunización de jóvenes de dieciocho (18) años en adelante'. Su propósito es permitir que personas de 18 años o más consientan la administración de vacunas y reciban servicios médicos relacionados (orientaciones, consultas) sin necesidad de autorización o acompañamiento de padres, tutores o encargados. Esto aplica a todas las vacunas recomendadas por el CDC y el Departamento de Salud de Puerto Rico. El Departamento de Salud deberá diseñar un formulario de consentimiento específico para este grupo, que también requerirá la identificación de un contacto adulto en caso de emergencia.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 296 de 1 de septiembre de 2000, conocida como “Ley de Conservación de la Salud de Niños y Adolescentes de Puerto Rico”, según enmendada; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el cuidado de la salud visual de los menores en edad escolar; establecer la obligatoriedad de exámenes oculares periódicos; establecer como requisito para ser admitido o matriculado en una escuela pública o privada la presentación de un certificado de examen ocular; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 296 de 2000 para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el cuidado de la salud visual de los menores en edad escolar. Impone la obligatoriedad de exámenes oculares periódicos para todos los niños y adolescentes y exige la presentación de un certificado de examen ocular como requisito para ser admitido o matriculado en cualquier escuela pública o privada en Puerto Rico. Afecta directamente a estudiantes, padres o tutores, y a las instituciones educativas.