Para crear la “Ley para la Inmunización de jóvenes de dieciocho (18) años en adelante” con el propósito de reconocer el derecho y la capacidad de los jóvenes de dieciocho (18) años en adelante a recibir servicios médicos relacionados a orientaciones, consultas y consentimiento para la administración de vacunas sin el requerimiento de estar acompañados o autorizados por sus padres, tutores o encargados; y para otros fines relacionados.

“Para crear la “Ley de la Capacidad del Padre y la Madre Joven”; enmendar los Artículos 599, 638, 639 y 687 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 19-B a la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, a los fines de reconocer como una de las clases de emancipación la paternidad o maternidad a menores que ya hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad y establecer la forma en que se dará, reconocer la capacidad de los menores de edad que hayan cumplido dieciséis (16) años de poder inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico; y para otros fines relacionados.”

Esta medida crea la "Ley de la Capacidad del Padre y la Madre Joven" y enmienda el Código Civil y la Ley del Registro Demográfico. Permite que menores de 16 años o más inscriban a sus hijos en el Registro Demográfico sin consentimiento de sus padres o tutores. Además, establece la paternidad o maternidad como una nueva causal de emancipación para quienes cumplan 18 años, facilitando su capacidad legal y acceso a servicios.

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 25 del 25 de septiembre de 1983, conocida como la “Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-escolares y Estudiantes en el Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de incluir la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) como vacuna requerida para la admisión y matrícula en escuelas, centros de cuidado diurno y centros de tratamiento social en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 25 de 1983 para incluir la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) como requisito obligatorio para la admisión y matrícula de niños en escuelas, centros de cuidado diurno y centros de tratamiento social en Puerto Rico. El Secretario de Salud deberá publicar anualmente las enfermedades contra las cuales se requiere inmunización, incluyendo el VRS. La vacuna del VRS será requerida a partir del 1 de enero de 2027, y el Secretario de Salud tiene 180 días para adoptar la reglamentación necesaria.

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 25 de 23 de septiembre de 1983, según enmendada, a los fines de añadir el Virus del Papiloma Humano (VPH) entre las enfermedades contras las cuales los estudiantes deben ser inmunizados en las escuelas dentro de los límites territoriales del Gobierno de Puerto Rico y establecer el requerimiento de esta vacuna de forma compulsoria; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto del Senado 32, enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 25 de 1983 para añadir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a la lista de inmunizaciones obligatorias para estudiantes en escuelas de Puerto Rico. Esto establece el requerimiento de esta vacuna como condición para la matrícula escolar. Afecta directamente a los estudiantes que deben cumplir con este requisito, a sus padres o tutores, y a las instituciones educativas y de salud encargadas de su cumplimiento.

Para crear la "Ley de Consentimiento Informado en las Ferias de Salud de Puerto Rico” a los fines de establecer que los ciudadanos participantes brinden un consentimiento informado antes de suministrarle una vacuna gratuitamente en una feria de salud convocada o auspiciada por organismos gubernamentales, un municipio y/o legisladores; y para otros fines relacionados.

La medida crea la "Ley de Consentimiento Informado en las Ferias de Salud de Puerto Rico". Establece que antes de administrar gratuitamente una vacuna en ferias de salud convocadas o auspiciadas por organismos gubernamentales, municipios o legisladores, los ciudadanos participantes deben brindar su consentimiento informado. Se faculta al Departamento de Salud a elaborar protocolos y velar por el cumplimiento de esta política pública.