Para enmendar los Artículos 5, 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, a los fines de aclarar la jurisdicción del Fiscal Especial Independiente sobre personas privadas vinculadas a investigaciones bajo dicha Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de autorizar la imposición de multas administrativas por incumplimientos injustificados con requerimientos de información, documentos o acceso de la Oficina del Contralor de Puerto Rico; fortalecer la fiscalización y la transparencia gubernamental; establecer garantías procesales; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1358 enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 1952, conocida como la Ley de la Oficina del Contralor. Propone autorizar al Contralor a imponer multas administrativas de hasta $5,000 por cada incumplimiento injustificado con requerimientos escritos de información, documentos o acceso a archivos. La medida establece un proceso de notificación previa, oportunidad para cumplir o mostrar causa, y garantías procesales, afectando a todas las agencias, instrumentalidades y municipios del Estado Libre Asociado.

Para crear la “Ley de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; establecer el “Registro de Personas Convictas por Corrupción”; crear el “Grupo Interagencial Anticorrupción”; enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1954, según enmendada; derogar la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada; derogar la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”; se deroga la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”; se deroga la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada; eliminar el inciso (u) del Artículo 18, se derogan los Artículos 48, 49 y 50 y se reenumeran los actuales Artículos 51 al 99 como los Artículos 48 al 96 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”; a los fines de establecer la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) con plena independencia y autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar el procesamiento de delitos de alto perfil consumados por servidores y exservidores públicos bajo la jurisdicción de este estatuto; reestructurar la autoridad para prevenir, investigar y procesar las denuncias o querellas por violentar la ética gubernamental; centralizar la investigación, litigación y procesamiento de crímenes de corrupción y violaciones a la ética gubernamental; adscribir la facultad de preintervención mediante auditorías sobre la operación gubernamental y prevenir conducta contraria al interés público antes de que se consume el acto delictivo; adscribir el Registro de Personas Convictas por Corrupción y Delitos Relacionados bajo la custodia de esta entidad; crear la figura del Fiscal de Corrupción Pública y el Fiscal Especial Independiente, su jurisdicción y funciones; establecer medidas transitorias; y para otros fines.

La medida propone crear la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) como una entidad autónoma e independiente para centralizar la investigación, litigación y procesamiento de delitos de corrupción cometidos por servidores y exservidores públicos. Sustituiría y derogaría la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Inspector General (OIG). Establecería un Registro de Personas Convictas por Corrupción y un Grupo Interagencial Anticorrupción, además de crear la figura del Fiscal de Corrupción Pública y el Fiscal Especial Independiente bajo esta nueva estructura. Busca agilizar el procesamiento, prevenir la corrupción mediante auditorías y capacitaciones, y restaurar la confianza ciudadana.

Para enmendar los Artículos 3.5, 7.1, 7.2 y 7.3 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como "Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico", para fortalecer la capacidad de nuestro Gobierno de lograr mayor fiscalización, mejorar la comunicación interagencial y asegurar la implementación adecuada de las leyes en el procesamiento de casos de corrupción; para ordenar la actualización de las normas o reglamentos necesarios para el cumplimiento de estas nuevas disposiciones; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley 2-2018 (Código Anticorrupción) para fortalecer la fiscalización gubernamental y la comunicación interagencial en casos de corrupción. Se otorgan facultades de investigación a las agencias ejecutivas sobre contratistas y suplidores en relación con el Código de Ética. Se crea formalmente el 'Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción', compuesto por altos funcionarios de varias agencias, y se definen sus funciones de coordinación y colaboración. La ley también ordena la actualización de reglamentos para cumplir con estas disposiciones.