Para enmendar las Secciones 3.6 y 4.2 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la revisión judicial directa de las denegatorias de intervención administrativa; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 2.7 de Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de añadir una disposición que autorice a las agencias administrativas a mantener vigente una reglamentación impugnada de su faz cuando la impugnación no sea basada en una violación sustancial a las disposiciones de la Ley 38-2017, y autorizar subsanar errores no perjudiciales en el proceso de reglamentación.

La medida P. del S. 713 propone enmendar la Ley 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Busca autorizar a las agencias administrativas a mantener vigente una reglamentación impugnada si la objeción no se basa en una violación sustancial a la LPAU, permitiendo así corregir errores no perjudiciales sin anular inmediatamente la norma. Esto aplica a procesos de reglamentación administrativa en todas las agencias del gobierno de Puerto Rico.

Para añadir un nuevo subinciso (E) al inciso (a) de la Sección 3.1 y enmendar las secciones 3.2 y 3.3 de la Ley 38–2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; con el fin de garantizar una mayor transparencia e imparcialidad en los procedimientos administrativos; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Esta medida propone enmendar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (Ley 38-2017) para añadir un nuevo subinciso (E) a la Sección 3.1 y modificar las Secciones 3.2 y 3.3. El objetivo es mejorar la transparencia e imparcialidad en los procedimientos administrativos, particularmente en aquellos donde se adjudican controversias. Se busca asegurar que las resoluciones no se basen en criterios arbitrarios o parcializados, y que las partes reciban notificación oportuna de las decisiones.

“Para enmendar la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 32 y 53 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; a los fines de establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación emitidas en procesos de licitación pública, incluyendo subastas formales, subastas informales, solicitudes de propuestas, solicitudes de propuestas selladas, requerimientos de propuestas, solicitudes de cualificaciones, requerimientos de cualificaciones y procedimientos análogos; requerir advertencias claras sobre los términos y foros disponibles para solicitar revisión administrativa, reconsideración o revisión judicial, según corresponda; disponer el efecto jurídico de una notificación defectuosa sobre el inicio de los términos jurisdiccionales; ordenar la preparación y adopción de modelos uniformes de notificación; establecer deberes de reglamentación y coordinación interagencial; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) y la Ley de la Administración de Servicios Generales (Ley 73-2019) para establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación en todos los procesos de licitación pública del gobierno. Exige que estas notificaciones sean escritas, fundamentadas, claras y suficientes, detallando los fundamentos de la decisión, los licitadores participantes, los criterios de evaluación, y las advertencias sobre los recursos administrativos o judiciales disponibles, sus términos, foros y efectos. Busca asegurar que los términos jurisdiccionales para impugnar una adjudicación solo comiencen a contar una vez se emita una notificación correcta y completa, afectando a todas las agencias y entidades gubernamentales que realicen compras y contrataciones públicas.