PS 1360

Para añadir un nuevo Artículo 209-A a la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley de Ventas a Plazos y Compañías de…

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Para añadir un nuevo Artículo 209-A a la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento”, a los fines de establecer los efectos de la resolución de compraventas financiadas; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Añade el Artículo 209-A a la Ley 68-1964, sin artículos , para fijar qué ocurre cuando un foro competente resuelve, cancela o declara nulo un contrato de venta al por menor a plazos. El balance pendiente se extingue sujeto a lo que disponga el foro y a los ajustes autorizados; el vendedor devuelve lo que recibió y la entidad financiera devuelve o acredita los pagos del comprador que ella haya recibido, mientras el comprador devuelve el bien o permite que se recoja. Una vez la decisión sea final y firme, la entidad financiera debe cesar el cobro del balance extinguido y ajustar la obligación; también debe solicitar la corrección de reportes crediticios cubiertos por una orden provisional o por esa decisión final. La mera presentación de una reclamación no suspende los pagos ni el cobro: hace falta una orden provisional del foro; la para implantar el artículo debe adoptarse dentro de 180 días y la ley aplicaría a reclamaciones y determinaciones presentadas o emitidas desde su vigencia.

Pros

•Da al comprador una regla expresa para extinguir el balance cuando un foro resuelve el contrato y obliga a la entidad financiera a parar el cobro de ese balance cuando la decisión sea final y firme. La ley permite reclamar defensas contra el cesionario, pero no establece en estos términos este efecto específico de la resolución.
•Establece devoluciones según lo que cada parte recibió: el vendedor devuelve al comprador el pronto pago, depósito o valor de permuta y devuelve a la financiera lo recibido de ella cuando corresponda; la financiera devuelve o acredita al comprador los pagos que recibió, incluidos cargos de financiamiento cuando proceda. Esto ofrece una ruta legal concreta para ajustar la transacción, en vez de dejar sin regla expresa quién devuelve cada cantidad.
•Permite exigir que la entidad financiera solicite corregir, actualizar o eliminar información crediticia adversa relacionada con cantidades cubiertas por una orden provisional de suspensión o con un balance extinguido por una decisión final y firme. Es un deber específico sobre los reportes que el artículo 209-A añade a la ley.

Contras

•La presentación de una querella o demanda no detiene por sí sola los pagos ni las gestiones de cobro. El comprador tiene que obtener una orden provisional del foro para suspender cobros, reposesión, aceleración de deuda o reportes adversos mientras se decide el caso; si no la obtiene, esas gestiones pueden continuar durante la reclamación.
•La entidad financiera no responde automáticamente junto con el vendedor por todas las prestaciones derivadas de la resolución; su deber de devolución se limita a las cantidades que recibió del comprador, salvo las excepciones que enumera el artículo. Si el vendedor no devuelve lo que recibió, el comprador podría tener que reclamarle esa devolución por separado, aunque la financiera haya administrado el financiamiento.

Intereses en juego

Beneficia a:: A compradores cuyos contratos a plazos sean resueltos por un foro competente: podrán exigir la extinción del balance y las devoluciones o ajustes que correspondan. También delimita la responsabilidad de las entidades financieras, que no responderán automáticamente por todas las obligaciones del vendedor.
Preocupa a:: A compradores que necesiten detener cobros o reposesiones mientras su reclamación sigue pendiente, porque deben conseguir una orden provisional; y a quienes busquen que la entidad financiera responda por obligaciones del vendedor más allá de los pagos que ella recibió.
Quién paga o decide:: Vendedores y entidades financieras asumirían las devoluciones, créditos y ajustes que les correspondan, además de los costos administrativos de cumplirlos. La medida no asigna fondos para su implantación; el foro competente determina los remedios y las órdenes provisionales, y el Comisionado de Instituciones Financieras, en coordinación con DACO, debe adoptar o la dentro de 180 días. No concede a una figura política la decisión sobre casos individuales.

En qué va

El 16 de octubre de 2026 se rindió el primer informe de comisión con y se remitió la medida a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado. Aún no ha sido aprobada.

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Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 16 de octubre de 2026

Remitido a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado

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