“Para enmendar la Ley Núm. 92 de 26 de junio de 1965, a los fines de autorizar a las personas de 18 a 20 años, para que puedan solicitar y utilizar los servicios de crédito que ofrecen entidades financieras sujetas a la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como la “Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento”; y para otros fines relacionados.”

Para fomentar el acceso a microcréditos en negocios caseros dirigidos a personas de edad avanzada mediante la adopción voluntaria de guías específicas por parte del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE); y para otros fines relacionados.

La medida busca fomentar el acceso a microcréditos para personas de edad avanzada (50 años o más) que deseen iniciar o fortalecer negocios caseros. Propone que el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) adopte voluntariamente guías específicas para otorgar estos préstamos, que serían de entre $500 y $5,000, con tasas de interés bajas y condiciones flexibles. Estas guías permitirían evaluaciones menos tradicionales, como la reputación comunitaria, y planes de negocio simplificados, sin alterar la estructura legal del BDE.

Para enmendar los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 27, suprimir los artículos 28, 29 y 30, reenumerar el actual Artículo 31, como Artículo 28, y a su vez enmendarlo, y reenumerar los actuales artículos 32, 33, 34 y 35, como los artículos 29, 30, 31 y 32, respectivamente, en la Ley 153-2013, según enmendada, conocida como “Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito”, con el propósito de conferirle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la responsabilidad de administrar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a fin de atemperarla con las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1303 enmienda la Ley 153-2013, conocida como la Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito. Su propósito principal es transferir la responsabilidad de administrar y hacer cumplir dicha ley, incluyendo la expedición de licencias, supervisión y fiscalización, de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Se modifican definiciones, facultades y procedimientos para reflejar este cambio, afectando a las agencias que ofrecen servicios de rectificación de crédito y a los consumidores que utilizan dichos servicios.

Para enmendar los artículos 3, 4, 10 y 11 de la Ley 364-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Agencias de Informes de Crédito”, con el propósito de clarificar que corresponderá a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras administrar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 364-2000, conocida como Ley de Agencias de Informes de Crédito, para clarificar que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) tendrá la jurisdicción exclusiva para administrar y hacer cumplir dicha ley. Elimina la jurisdicción concurrente o general que previamente ostentaba el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en esta materia, transfiriendo la autoridad de imponer penalidades y supervisar el cumplimiento a la OCIF. Afecta directamente a las agencias de informes de crédito, a las instituciones financieras y a los consumidores que interactúan con estos servicios.